Señor Director:

Hace algunas semanas, las nuevas autoridades educacionales plantearon que una de las prioridades para el nuevo ciclo que se inicia sería la reducción de la carga administrativa que enfrentan los centros educativos, que hoy estaría impidiendo que los equipos directivos y docentes puedan concentrarse en mejorar la calidad de los aprendizajes. Para ello -se dijo- era fundamental comenzar a confiar en las comunidades educativas y concentrar la fiscalización en lo verdaderamente importante.

En una línea contraria, la Superintendencia de Educación anunció que se iniciaría una inédita fiscalización de un microproceso en cada establecimiento: la entrega de resultados de la prueba Simce y otros indicadores desde el equipo directivo al Consejo Escolar, bajo el argumento -discutible, por cierto- de que ello potenciaría el acceso de las familias a dichos resultados. Frente a las múltiples alternativas para informar y difundir los distintos indicadores de calidad (tarea que recae por ley en la agencia respectiva y para lo cual ya se destinan recursos importantes), se ha optado por recargar a las escuelas y sus equipos con más fiscalización.

En este escenario, confuso para las comunidades educativas, es indispensable que coordinadamente desde el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) se aclare prontamente cuál será la hoja de ruta concreta que se seguirá para descomprimir las tareas administrativas y procedimentales que el gobierno ha comprometido. Solo sobre esa base podremos evaluar si efectivamente hay en esta prioridad anunciada una oportunidad para mejorar el trabajo de las escuelas y sus protagonistas.

Gonzalo Muñoz Stuardo
Académico Facultad de Educación
Universidad Diego Portales