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Editorial
Lunes 23 de abril de 2018
Nueva etapa del Sernac
El nuevo director expresó su confianza en que el servicio cuenta con las herramientas para poder defender adecuadamente a los consumidores.
Hoy asumirá el nuevo director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) designado por el Gobierno, Lucas del Villar. Se trata de un abogado experto en derecho del consumidor y litigación, con experiencia en el sector público y en esa misma dependencia, por lo que ha seguido de cerca la tramitación del proyecto de ley del Ejecutivo que fortaleció a ese organismo.
Respecto de las funciones del Sernac, y su capacidad para castigar a quienes vulneran los derechos de los consumidores, el nuevo director expresó su confianza en que cuenta con todas las herramientas para poder defender a quienes corresponda; destacando en especial la "demanda colectiva" como uno de los pilares.
La modificación legal aprobada durante el gobierno de Michelle Bachelet cambió sustancialmente el papel de esta repartición pública. Previamente, ella se visualizaba como un agente colaborador del consumidor, preocupada de hacerlo acceder a buena información y de asistirlo en la reclamación de sus derechos ante sus proveedores o ante los tribunales. Al nuevo Sernac se le quisieron dar rasgos de superintendencia, con atribuciones para fiscalizar, dictar normas interpretativas, mediar, juzgar y sancionar en primera instancia.
La opinión pública valora la existencia de esta dependencia. Muchas empresas en el pasado aprovecharon las asimetrías que se producen en mercados con poca competencia, por lo que era popular promover un amplio fortalecimiento de este organismo. Pero el proyecto erró al exagerar las atribuciones que se le otorgan a una autoridad unipersonal.
El Tribunal Constitucional objetó la posibilidad de que el Sernac desarrolle un proceso administrativo sancionador, pero aspectos formales de la redacción de ese fallo mantienen en suspenso el decreto de promulgación del texto legal que hoy se encuentra en la revisión de rigor por parte de la Contraloría General de la República.
Junto a su foco en la definición de los mercados relevantes y su propósito de que el servicio sea eficaz, Del Villar deberá implementar la compleja reforma legal del organismo que puede, eventualmente, demandar una ley corta adecuatoria. Para echar a andar la nueva institucionalidad, el director dispone de un plazo legal de 24 meses para implementar ese proceso. Los desafíos no son pocos, pero Del Villar tiene a su favor una amplia experiencia previa y se someterá a altos estándares para prevenir cualquier conflicto de interés que pudiera surgir de su labor como asesor de empresas durante los últimos años.