Positiva y oportuna es la iniciativa de modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado. Sus debilidades orgánicas y falta de coordinación vigentes son tan evidentes como lo es su significativa importancia para garantizar la seguridad de la nación; su reforma, impostergable.

En el esquema actual, la institucionalidad de la inteligencia para la seguridad interior del Estado es anacrónica. Está basada en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), con medios, facultades y capacidades operacionales y de coordinación escasísimos, y bajísimo nivel jerárquico dentro de la administración del Estado.

Estas falencias le restan la indispensable eficacia, poder de coordinación y la confianza necesaria de los demás servicios castrenses, de orden y seguridad, que aportan información para su funcionamiento.

Las restricciones actuales provienen de las justificadas prevenciones por el alto riesgo de uso de los servicios de inteligencia para fines políticos, sociales y económicos, distintos de la seguridad de la nación. Así ocurrió en el pasado y continúa sucediendo en varios países de la Región, con repercusiones contrarias a la democracia, al respeto de los derechos humanos y con una peligrosa acumulación de poder de los titulares de esos servicios.

Encomiable es la futura creación de un consejo presidido por el Presidente de la República. Conveniente es la incorporación de los servicios de Impuestos Internos y de Aduanas y de la Unidad de Análisis Financiero, pertinente es contar con información financiera y tributaria para detectar amenazas a la seguridad nacional.

Resta asumir el necesario fortalecimiento de la ANI. Para aumentar sus capacidades no basta con la creación, bajo su dependencia, de la faltante unidad de ciberinteligencia. Se requiere incrementar sus recursos, capacidades operativas y también su jerarquía, probablemente, como ocurre en las democracias modernas, bajo la dependencia directa del Jefe de Estado. Si no se moderniza y fortalece la ANI y no se modifica su dependencia, poco se logra, salvo ampliar, aparentemente, aspectos menores de la coordinación interagencial.

Un aspecto complejo y riesgoso del diseño organizacional que se propone es atribuirle a la ANI el poder superior para subordinar funcional y estratégicamente los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. La función de los servicios castrenses es la seguridad exterior de la República, diferente a los restantes servicios del sistema, que tienen como objetivo la seguridad interior del Estado. Subordinar funcional y estratégicamente los servicios castrenses a la ANI implicaría que la asignación de medios y objetivos de búsqueda de información serían asumidos y dirigidos por esa agencia. Este cometido mezcla dimensiones incompatibles y desnaturaliza los servicios especializados de las Fuerzas Armadas, más allá de ser parte del sistema y aportar, complementar e intercambiar la información residual que recojan en los ámbitos que les competen.

Valiosa y trascendente es la tarea que están realizando los integrantes de la Comisión de Seguridad en su propósito de modernizar la institucionalidad para la inteligencia del Estado, inspirados por el interés nacional de preservar la seguridad y soberanía de la nación.

Mejorar la coordinación y la institucionalidad con esos fines bien podría repetirse con un consejo interagencial de altísimo nivel para velar por la probidad, que incorpore a la Fiscalía Nacional, al Servicio de Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero.