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Editorial
Jueves 12 de abril de 2018
Mapa de la Vulnerabilidad en Chile
Se trata de identificar a la población en condición de pobreza que no puede salir de ella por sus propios medios, pero también de articular soluciones entre el Estado con la sociedad civil y el mundo privado para llegar a esos grupos.
Dada la persistencia de la pobreza en el país, el rebrote que ha tenido con el proceso migratorio y la precariedad de sectores que la han superado hace poco, pero viven sometidos al riesgo de regresar a ella, justifica plenamente la importancia del Mapa de la Vulnerabilidad que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social.
De acuerdo con la encuesta Casen del 2015, un 3,5% de la población se encuentra en una situación de pobreza extrema; es decir, tiene carencias graves en la satisfacción de necesidades básicas, y un 11,7% de los chilenos se encuentra en situación de pobreza. Cuando se amplía el concepto de pobreza a uno que abarca condiciones de educación, salud, seguridad social y vivienda -la llamada pobreza multidimensional-, las cifras de pobreza alcanzan a cerca de una quinta parte de la población.
La erradicación de la pobreza es una tarea que requiere un esfuerzo permanente y es de largo aliento. Chile es todavía un país de ingresos medianos y fuertes brechas respecto de los países más desarrollados del mundo, por lo que siguen siendo prioritarios la mantención de un crecimiento sostenido y buenos niveles de empleo como instrumento primordial en esta tarea.
A su vez, el desafío de derrotar la pobreza es cambiante en el tiempo. Por un lado, los éxitos económicos de Chile han permitido a muchas personas y familias salir de la condición de pobreza, pero circunstancias económicas desfavorables podrían fácilmente retrotraer a la pobreza a estos grupos de ingreso medio bajo. De acuerdo con un informe del Instituto Libertad y Desarrollo, algo menos de un tercio de la población tiene un nivel de ingreso que no alcanza a ser un 50% superior al necesario para superar la pobreza. Estas personas, que tienen un nivel educacional muy bajo así como acotados niveles de ocupación laboral, están en una condición económica y social especialmente frágil.
Por otra parte, todavía existen en Chile focos de pobreza duros, y algunos de ellos se han agrandado como consecuencia del masivo proceso de inmigración que experimenta el país. La situación de hacinamiento en vivienda en varios sectores de la Región Metropolitana o la proliferación de campamentos en la zona norte del país son señales fehacientes de aquello.
Esta realidad dinámica exige de parte del Estado una reacción ágil.
De ahí la relevancia del llamado del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, a la creación de un Mapa de la Vulnerabilidad. Este mapa se basa en dos grandes ejes. En primer lugar, se requiere identificar a aquellos grupos de la población que se encuentran en una condición muy difícil de ser superada por ellos mismos. Estos sectores vulnerables pueden representar situaciones críticas de pobreza que han quedado escondidas, dado el progreso general mostrado por el país, o aquellos grupos que, habiendo superado su condición de pobreza, se encuentran en una condición que amenaza seriamente este logro. Es importante que la identificación de estos grupos vulnerables sea en base a criterios técnicos, identificables y objetivos. De esa manera, se evitará priorizar programas, recursos y esfuerzos sobre la base de objetivos que no obedezcan estrictamente a las necesidades sociales más urgentes del país.
Un segundo eje de este plan es la búsqueda de soluciones amplias donde converjan ideas, proyectos y recursos del sector público y del sector privado. El Estado no tiene ni los recursos ni la flexibilidad necesaria para adecuarse a una realidad cambiante y para responder adecuadamente a los múltiples problemas sociales que aquejan a muchos compatriotas, y muchas veces son fundaciones u organizaciones de la sociedad civil las que son capaces de llegar de mejor manera a la población más vulnerable. De esta manera, la construcción de esta Mapa de la Vulnerabilidad no solo debe propender a un esfuerzo público-privado en la identificación de los grupos críticos, sino también debe procurar el involucramiento conjunto en el diseño de soluciones más efectivas a estos problemas.