Señor Director:

La diputada Camila Rojas afirma en su carta del miércoles que la educación privada se caracterizó "históricamente" por un rol colaborador de un sistema mayoritariamente público, lo que habría cambiado con la dictadura. Al respecto, es necesario hacer algunas precisiones.

La diputada acierta al mencionar que la estructura educativa del país fue mixta (pública y privada), pero desconoce la relevancia de la sociedad civil, individuos y familias organizadas en la extensión de las escuelas a lo largo de Chile y el fomento de la cobertura desde el origen del sistema nacional de educación en el siglo XIX.

Un Estado con escaso poder de gestión fuera de las ciudades solo pudo educar a la población con la cooperación de los vecinos de cada localidad, quienes cofinanciaban el establecimiento de una escuela. En ese momento, el Estado pagaba el sueldo del profesor, y más tarde financió los textos, los útiles, el mobiliario y la infraestructura, pero siempre requirió de la sociedad local para fundar y sostener establecimientos educacionales. Desconoce, además, que la política de subsidio a la demanda no se inició a través del sistema de vouchers durante la dictadura. Por paradójico que parezca, fueron los gobiernos radicales del Frente Popular los que utilizaron sistemáticamente la cooperación de una amplia gama de sostenedores privados para sortear la crisis financiera del estado docente. Es decir, el Estado canalizó recursos a través de privados para que la mayoría de la población pudiese educarse mucho antes del régimen militar.

Intentar jerarquizar la educación pública por sobre la privada, y viceversa, es negar que el sistema que tenemos hoy se construyó entre todos, y corresponde a una simplificación inexacta que poco aporta al diseño de mejores políticas públicas.

Daniel Rodríguez
Director ejecutivo Acción Educar

Macarena Ponce de León
Doctora en Historia
Académica del Instituto de Historia UC