Hace bien el nuevo ministro de Educación en fijar como uno de los focos de su gestión la educación técnico-profesional. Ese sector ofrece oportunidades a miles de jóvenes que quieren desarrollar sus potencialidades, pero la falta de atención que ha sufrido por parte de las autoridades educacionales de sucesivos gobiernos no le ha permitido desarrollar todas sus potencialidades. Por ejemplo, el proyecto de ley sobre educación superior, que se encuentra en estudio en el Tribunal Constitucional, le dedica unos pocos párrafos que no abordan ninguno de los desafíos relevantes que esta tiene. En la última administración, a pesar de las múltiples iniciativas desarrolladas en educación escolar, el ciclo de enseñanza media técnico-profesional fue apenas rozado.

En el nivel terciario, el 43 por ciento de las personas asiste a la educación técnico-profesional. Un porcentaje similar cursa esta modalidad en la educación secundaria, en general los estudiantes más vulnerables. Los esfuerzos que se le dedican, sin embargo, podrían llevar a pensar que es una proporción muy pequeña y, además, acomodada; pero ello no es más que una indicación de la corporativización -en favor de los grupos organizados y con mayor influencia política- que se ha ido apoderando de la gestión gubernamental en educación.

Por eso es importante la señal del ministro Varela si se logra plasmar en una agenda efectiva. En la educación secundaria ello incluye asegurar nuevas maneras de articular la formación técnico-profesional incluyendo, a modo de ejemplo, mayor flexibilidad para la educación dual, el reconocimiento de la educación en oficios y espacios de conexión fluidos con la educación superior técnico-profesional. Incluso no debería descartarse que los jóvenes pudiesen ingresar directamente a centros de formación técnica de reconocida calidad después de segundo medio. La subvención escolar que hoy día existe para jóvenes vulnerables se acerca al valor de los aranceles de muchos de estos centros. Asimismo, hay que asegurarse de que los docentes de esta modalidad tengan las suficientes competencias para desempeñarse en las aulas de las instituciones que proveen esta educación.

En la educación superior técnico-profesional el financiamiento de los estudiantes debe reconocer que muchas de las personas que acceden a esta modalidad tienen importantes déficits de aprendizaje, lo que eleva los costos de su formación. Pero, sobre todo, debe corregirse la anacrónica estructura de títulos y grados, que en aspectos formales está bien, pero que carece de precisión respecto de las competencias, habilidades y destrezas que asegura cada certificado. Por ello, su delimitación está asociada a algo tan irrazonable como las horas de clase, a lo cual se agrega la exclusividad universitaria en la oferta de programas específicos, sin que ello plantee diferencias sustantivas entre títulos de institutos y universidades. Dicha estructura, además, impide una articulación razonable en la educación superior, como existe en otros países, que permita a los jóvenes comenzar, por ejemplo, su formación en un CFT y terminarla en un máster de una prestigiosa universidad.