Tenemos un problema si más del 50% de los homicidios registrados por las policías durante el 2016 tuvieron lugar dentro de los recintos carcelarios. Según cifras obtenidas por "El Mercurio" por medio de la Ley de Transparencia, 685 personas fallecieron en las cárceles chilenas entre los años 2013 y 2017. El 46% habría muerto por enfermedades, el 38% por situaciones catalogadas como riñas, y el 12% por suicidios. Comparadas con la realidad de la población general del país, estas cifras son un crudo indicador que sintetiza el grave y persistente problema carcelario que tiene Chile.

Sin duda, las penas de reclusión juegan un papel relevante en las políticas de seguridad pública de cualquier país, pero bastante más acotado que el que la ciudadanía suele exigir al calor del debate en torno a hechos delictivos violentos o de alta connotación social. Todo indica que recluir a una persona solo vale la pena para la sociedad en su conjunto, cuando se trata de delincuentes violentos y que tienen muy alta probabilidad de reincidir. Para el resto conviene implementar penas alternativas, la mayor parte de ellas cumplidas en libertad, pero con supervisión real y estricta. Y en ambos sistemas de penas -cerrado y abierto-, debe además desplegarse una oferta de rehabilitación de calidad, que se demuestre efectiva en reducir las tasas de reincidencia.

Contrariamente a lo que la opinión pública percibe y demanda, muchos expertos piensan que Chile está haciendo un uso excesivo de la cárcel y de instalaciones diseñadas para perfiles de riesgo delictivo más intensos. Ello se explicaría porque el principal problema delictivo del país son los delitos contra la propiedad no violentos y, en consecuencia, la población penal es en general de un perfil de relativa baja peligrosidad en comparación con otros países.

Por otra parte, la gestión de la rehabilitación es deficiente, con escasa cobertura y poca efectividad en los programas que se realizan. Lo anterior redunda en que la cárcel mal aplicada profundiza carreras delictivas que se podrían haber desactivado oportunamente.

Gendarmería debería hacer entrega de estas cifras a la ciudadanía mediante estadísticas públicas y periódicas, que den cuenta de los avances o retrocesos en su cometido, incluyendo la elemental tarea de dar acceso a la salud y resguardar el derecho a la vida de las personas que custodia en sus recintos. El solo hecho de que un porcentaje relevante de las muertes dentro de su recinto sea catalogado como "riñas" y no homicidios puede ser una señal de abandono de las tareas del Estado en aclarar las responsabilidades penales existentes. Suficiente señal de alerta debe ser que la tasa de homicidios anual que se puede estimar con estos datos dentro de los penales llega a 137 cada 100 mil habitantes, más de 50 veces la tasa de homicidios general del país.

A esta opacidad y falta de rendición de cuentas, se le suman diseños organizacionales y normativos deficientes, entre ellos el reglamento penitenciario, que, en la práctica, expone a los funcionarios a situaciones de corrupción.

El programa de gobierno considera "avanzar en la modernización de Gendarmería y el desarrollo de políticas de reinserción y rehabilitación, privilegiando el acceso a trabajo y educación en las cárceles", y el Presidente ha llamado a un acuerdo nacional en materia de seguridad ciudadana, que debiese considerar este tema. Sin embargo, para la efectividad de todo lo anterior, un acuerdo nacional debe venir acompañado, también, de una nueva manera de implementar modernizaciones que exceden un período de gobierno, con planes de acción detallados y públicos, y consejos profesionales permanentes que auditen anual y públicamente los avances.