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Editorial
Miércoles 21 de marzo de 2018
Política fiscal y reforma tributaria
La necesidad de apurar la disminución del déficit estructural condiciona la reforma tributaria en su capacidad de afectar la recaudación. Pero existen espacios importantes para una simplificación tributaria.
En su primera entrevista tras asumir su cargo, el ministro de Hacienda confirmó a "El Mercurio" que el Gobierno estudia un plan de adecuación tributaria -promesa que formó parte central de la pasada campaña del Presidente Piñera-, que consistiría en la simplificación de algunos aspectos del sistema tributario, especialmente en lo referido a la integración de los sistemas de impuesto corporativo y personal, así como posiblemente en la modificación de la tasa de impuesto corporativo. Asimismo, el jefe del equipo económico manifestó la intención de que esta reforma sea fiscalmente neutra, esto es, que las modificaciones no generen un cambio en la recaudación total.
Paralelamente, el Gobierno prepara un programa de ajuste fiscal para el presupuesto 2018, que podría rondar los 500 millones de dólares. Lo anterior adquiere especial relevancia tras el tardío reconocimiento de que el déficit fiscal estructural fue de 2,1% del PIB en 2017 en vez del 1,7% anunciado preliminarmente por las autoridades salientes. Esto ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de fortalecer la institucionalidad fiscal, así como de reivindicar la importancia de retomar una senda decidida de convergencia hacia un equilibrio fiscal estructural. En virtud de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el nuevo gobierno tiene un plazo de 90 días para dar cuenta de la estrategia fiscal durante su cuatrienio, y de sus implicancias y efectos sobre el balance estructural.
La situación fiscal con que el gobierno anterior concluyó su mandato impone importantes restricciones al manejo de la política fiscal para la actual administración. Si bien la deuda neta del Gobierno de Chile es relativamente baja, esta ha aumentado en torno a 20 por ciento del PIB en la última década. A su vez, el aumento del déficit estructural es preocupante, por lo que urge hacerse cargo del problema de fondo. Una política fiscal robusta es condición fundamental para acceder a bajos costos de financiamiento, y para hacer frente a condiciones macroeconómicas adversas. La capacidad del fisco para enfrentar un deterioro económico mayor hoy es significativamente menor que una década atrás, cuando se produjo la crisis financiera internacional.
La necesidad de apurar la disminución del déficit estructural restringe de manera importante el crecimiento del gasto fiscal en los próximos años, y condiciona la reforma tributaria en su capacidad de afectar los niveles de recaudación. Una reforma tributaria que generara una disminución en la recaudación fiscal aumentaría la presión para disminuir el gasto fiscal -lo que dados los compromisos legales existentes parece muy difícil- o retardaría la convergencia al balance estructural. La situación actual de las finanzas públicas no hace aconsejable ese camino.
En el mediano plazo, un aumento en la tasa de crecimiento tendencial de la economía podría modificar esta restricción, toda vez que permitiría allegar recursos al fisco como consecuencia de la mayor actividad de carácter permanente. En ese escenario -que dependerá de la recuperación de la inversión y del aumento en la productividad en los próximos años-, la posibilidad de un ajuste tributario más profundo podría volver a estudiarse.
Lo anterior no significa que no existan espacios importantes para una simplificación tributaria en la situación presente. Sabido es que el sistema actual, fruto de las reformas tributarias de 2014 y 2016, tiene tasas de impuesto corporativo altas, no es amigable con la inversión, y es engorroso y por tanto intensivo en contadores y abogados. En un contexto de debilidad secular de la inversión en Chile, tanto la simplificación del código tributario para el manejo de contribuyentes pequeños como los incentivos que pueda generar sobre el gasto en capital representan espacios importantes de mejora.