La paralización de la licitación del Transantiago por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) era un riesgo esperable que alertamos en Espacio Público en enero de 2017 cuando detectamos importantes barreras de entrada para nuevos competidores, como la propiedad de los terminales de buses. También preocupa que los operadores actuales no hayan competido entre sí en ninguna unidad de negocio licitada, con una precisión matemática para no pisarse la cola, lo que amerita una revisión, y que podría ser más grave que el reclamo que motivó la decisión del TDLC.

Todo indica que con este tropiezo la licitación de Transantiago será resuelta por el próximo gobierno, lo que supone riesgos y oportunidades. El primer riesgo es prorrogar los contratos a operadores que prestan un mal servicio, pero que saben ejercer poder de mercado para conseguir recursos del Estado, amenazando con quiebras que pondrían en jaque la movilidad de millones de capitalinos. El segundo riesgo es que se intente parchar un mal sistema por el apuro de licitar. Si bien la ministra Tapia incorporó mejoras relevantes, y logró detener la evasión, Transantiago requiere cambios de fondo. Urge condicionar la entrega de subsidios a metas de desempeño, crear incentivos reales para mejorar el servicio, contar con terminales públicos e invertir decididamente en infraestructura inmune a la congestión de superficie.

Estas ideas generaron amplio consenso en la última elección. El ex Presidente Lagos propuso duplicar la red de Metro para que la mitad de la población viviera a cinco cuadras de una estación, incluyendo barrios vulnerables como Bajos de Mena. El Presidente Piñera hizo lo suyo con su programa "Transporte del Tercer Milenio", para consolidar una robusta red troncal de Metro, trenes y tranvías, complementada con buses y nuevos taxis colectivos.

Las promesas de campaña para cambiar el Transantiago deben cumplirse y el rediseño de las bases de licitación es el primer paso para hacerlo. En paralelo, el nuevo gobierno debe desarrollar las ingenierías de las líneas de Metro anunciadas por la Presidenta Bachelet y las que propuso en su programa de gobierno. En los trenes urbanos los diseños están avanzados, así es que, de priorizarse el tema, en pocos años podemos tener sistemas operando hacia Maipú-Melipilla y Renca-Lampa.

Otro consenso de la última elección fue mejorar el transporte público en regiones, con foco en las grandes conurbaciones. Ello implica ampliar la red del Merval en Gran Valparaíso, del Biovías en Gran Concepción y construir trenes, tranvías y teleféricos en Puerto Montt-Puerto Varas, La Serena-Coquimbo e Iquique-Alto Hospicio.

Estos planes pueden sonar ambiciosos, pero no lo son si consideramos que el Estado deberá desembolsar US$ 2.000 millones por año para subsidiar el Transantiago y su "espejo" en regiones. Es hora de que estos enormes recursos se traduzcan en un servicio digno para los usuarios y en inversiones que mejoren nuestros barrios y ciudades.

Iván Poduje
Arquitecto, director Espacio Público