Desde el punto de vista de la política de educación superior, el proyecto que busca fortalecer a las universidades estatales -que ahora pasa a su tercer trámite en la Cámara- es un retroceso, sin perjuicio de tener también algunos aspectos positivos. La iniciativa aporta poco a mejorar la calidad de esas instituciones, pero en cambio rompe con un modelo de financiamiento de la investigación que había contribuido a elevar la productividad de las universidades nacionales.

En su haber se puede destacar la posibilidad de que por vía de una autorización legal se puedan fusionar instituciones estatales, en el caso de casas de estudio que luego de aplicarse un plan al efecto no hayan logrado mejorar su situación.

La experiencia de países como Dinamarca o Finlandia sugiere que una posibilidad de fortalecimiento de las universidades estatales es su fusión con una institución más fuerte, que asegure un cumplimiento más efectivo de sus misiones. Por ejemplo, en lugar de crear una universidad estatal en Aysén, se pudo haber establecido una universidad estatal de la Patagonia fusionando las universidades de Los Lagos y Magallanes potenciando su labor en la zona sur y austral. Se ha logrado, además, una representación más balanceada en los consejos superiores de las universidades estatales, aunque la representación externa puede ser insuficiente para evitar capturas internas en estas organizaciones. También contribuye a una gestión más eficiente la liberación de algunas trabas excesivas que las afectaban por ser estatales.

Sin embargo, es un retroceso la asignación de un fondo a diez años por 300 mil millones de pesos, sin mayores exigencias. La verdad es que el proyecto no asegura que vaya a existir un buen uso de esos fondos y tampoco se garantiza que las instituciones de mejor desempeño puedan ver crecer su participación en estos recursos. Su asignación a las instituciones estatales se va a definir corporativamente. Al mismo tiempo, no se asignan fondos a las universidades privadas del Consejo de Rectores y menos a las demás privadas. En Chile se instaló muy tempranamente en el siglo 20 una asignación equilibrada de recursos a las universidades del Consejo de Rectores. Había buenas razones para ello. Por un lado, la naturaleza de las instituciones no define la calidad y cantidad de bienes públicos que proveen ellas con los recursos que les asigna el Estado. Por otra, posibilita una sana competencia por realizar una mejor labor, toda vez que hay redistribuciones de recursos en función de los desempeños de las instituciones. Al no asignar recursos adicionales a las universidades privadas, se rompe este sano principio.

Por otra parte, en el proyecto de reforma a la educación superior se hizo un gesto a estas instituciones consagrando por ley el aporte basal por desempeño, pero estos son pocos recursos y tampoco se promete un aumento de los mismos. Este proyecto se aprobó en la comisión de Educación del Senado y será visto el lunes en la comisión de Hacienda. Es un proyecto muy deficiente y es una lástima que esté avanzando en todas sus dimensiones cuando aborda mal materias trascendentales. Uno de los puntos que concentrarán la atención de la última comisión son las vinculaciones que establece el proyecto entre aumentos en la carga tributaria y avances adicionales en la gratuidad en un futuro indeterminado. Es una disposición curiosa y de dudosa constitucionalidad, toda vez que si un gobierno, digamos en 20 años más, decide aumentar la carga tributaria, tendrá que usarla en primer lugar en financiar cupos adicionales de gratuidad. Esta hipoteca indefinida es una política pública muy deficiente.