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Editorial
Viernes 19 de enero de 2018
La ANI bajo investigación
Ante las fallas de inteligencia para enfrentar el conflicto mapuche, cabe prevenir la tentación de generar un ente operativo al margen de las policías o FF.AA. Ese camino conlleva enormes riesgos para la democracia.
El 19 de octubre pasado, habiendo acogido un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública para desestimar la prisión preventiva, la Corte Suprema ordenaba la libertad de los ocho imputados detenidos el 23 de septiembre en la Operación Huracán. Su argumentación para levantar la medida cautelar fue que esta se dictó "sin fundamento que justificara la participación de los imputados" en los distintos ataques incendiarios que se investigaban en La Araucanía. Entre los comuneros liberados se encontraba Héctor Llaitul, el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).
Siempre en el marco de la Operación Huracán, el domingo pasado "El Mercurio" informó que la Fiscalía Regional de La Araucanía instruye una investigación por la supuesta filtración de información por parte de funcionarios de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y de la propia fiscalía regional al líder de la CAM. A raíz de esto, la Subsecretaría del Interior presentó una querella contra quienes resulten responsables por la supuesta red de protección a Llaitul, anunciándose además una comisión investigadora en el Congreso y un rechazo transversal de gremios y agrupaciones de víctimas de la violencia rural en la región.
La querella, atendiendo las tres líneas investigativas en que trabaja la fiscalía regional, invoca delito informático, violación de secreto e infracción a la Ley de Inteligencia, amparándose en los diálogos de WhatsApp entre Llaitul y terceros, interceptados por un grupo de inteligencia de Carabineros. La primera indagatoria, que sigue la hebra de un mensaje que Llaitul habría recibido desde la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para alertarlo de la investigación y de las futuras aprehensiones en la Operación Huracán, se centra en la supuesta intervención de un presunto funcionario de la ANI al correo electrónico del fiscal de Alta Complejidad (FIAC) de La Araucanía, como también a un funcionario de inteligencia de Carabineros que trabaja en la mencionada operación. La segunda es por una eventual violación de secreto de parte de una abogada de la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, quien, a través de un intermediario de Llaitul, siete días antes de que se concretara la detención, le habría informado de las personas que estaban siendo investigadas. La tercera es una que fue abierta por el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, por la eventual filtración de antecedentes desde el Ministerio Público.
La posibilidad de que hubiere redes de protección de la CAM en las instituciones señaladas sería de extrema gravedad y pone en serio entredicho el funcionamiento de cada una de ellas. Pero afecta especialmente la razón de ser de la ANI, necesitada de crear confianza en las instituciones de la seguridad pública que deben suministrarle información clasificada. Uno de los aspectos más complejos del trabajo de inteligencia es precisamente lograr coordinar y compartir la información que llega a distintas reparticiones públicas con responsabilidades en ese campo. Las desconfianzas y recelos son un aspecto transversal en todas las latitudes y este episodio solo contribuye a alimentarlos.
Afectada como está La Araucanía y las regiones aledañas, el hecho investigado tiene indudables consecuencias políticas para el Gobierno, del que depende directamente la ANI. A raíz de ello, de abrirse un debate acerca del funcionamiento y el sentido de esta institución, cabría prevenirse ante la tentación de crear una agencia de inteligencia que concentre información y tenga una dimensión operativa. La experiencia indica que los riesgos de manipulación política de una entidad de esas características -al margen de las policías o Fuerzas Armadas- son enormes. Así lo atestigua, por lo demás, la experiencia de varios países de nuestra región que han visto tensionados sus procesos democráticos con episodios que involucran acciones de inteligencia desbordadas.
Ante las fallas de inteligencia para enfrentar el conflicto mapuche, cabe prevenir la tentación de generar un ente operativo al margen de las policías o FF.AA. Ese camino conlleva enormes riesgos para la democracia.