El Gobierno ha dejado pendiente otra promesa impostergable: las regulaciones para el ingreso y asentamiento de los extranjeros. En su ánimo refundacional, detuvo la tramitación legislativa del estatuto migratorio propuesto por el gobierno anterior y, a solo meses de concluir su mandato, presentó uno nuevo, que no ha tenido ningún avance, dejando el tema para la próxima legislatura. Se han perdido cuatro años para abordar una realidad social insoslayable que se acentuó durante la actual administración por la incapacidad de definir las políticas y modernizar las instituciones de extranjería. El desinterés sobre la materia es tal que las autoridades desde hace varios años no proporcionan datos oficiales sobre el número de migrantes y sus condiciones, antecedentes fundamentales para tomar decisiones fundadas sobre el particular. Según algunas estimaciones, los extranjeros residentes se han duplicado en los últimos cuatro años, para exceder los ochocientos mil, con proyecciones de superar el millón próximamente. Pero la cantidad no es lo relevante -considerando que sus aportes son valiosos y necesarios-, ya que registran un porcentaje bajo los promedios regionales y varias veces inferior a los de naciones desarrolladas. Lo significativo es el descontrol y la virtual renuncia del Estado al derecho soberano de establecer condiciones seguras y ordenadas para el país y los migrantes.

El nuevo gobierno no puede eludir estas realidades: tiene instrumentos y tareas para actuar desde la partida. La ley vigente en esta materia, aunque anacrónica, contiene algunas flexibilidades para regularizar a los indocumentados y regular, al menos, los ingresos en cadena de decenas de miles de falsos turistas, con evidente propósito de radicación, que terminan expuestos a la pobreza y al abuso, recargando las saturadas prestaciones de salud, sufriendo el hacinamiento por falta de viviendas y provocando presiones a la baja en los salarios por trabajos no calificados, por contrataciones y servicios al margen de las obligaciones laborales, tributarias y previsionales. Mientras tanto, se dificulta la radicación y el reconocimiento de los títulos de profesionales y técnicos extranjeros, indispensables para su asentamiento y el progreso nacional. Está aún pendiente de respuesta del Ministerio del Interior la solicitud de la Cancillería y de parlamentarios para restablecer los visados consulares para regular el ingreso descontrolado desde determinados países.

Quedan luego las tareas de fondo, muchas dependientes de la aprobación de una nueva ley de extranjería y del amplio debate para la definición de políticas permanentes en esta materia.