Es la brevedad de los períodos presidenciales y el aún más exiguo tiempo real con que cuentan los gobiernos para impulsar sus agendas lo que confiere algún sentido plebiscitario a la elección de hoy. Tales limitaciones impiden la ejecución plena de un proyecto político en el reducido lapso de una administración, y suscitan de modo casi natural en sus autoridades el anhelo de una continuidad que dé conclusión al ciclo. Así, también en la decisión que hoy adoptarán los chilenos habrá un componente de evaluación del actual gobierno y sus reformas. De hecho, el discurso asumido por el abanderado de la Nueva Mayoría y el inusitado e inédito involucramiento del Ejecutivo en la campaña de segunda vuelta han exacerbado este rasgo de la elección: ciertamente, en ella se define la opción de dar continuidad a una administración cuyos cuestionados ímpetus fundacionales han ido a la par con una pobrísima capacidad de gestión, o proceder a una corrección de rumbos como la que plantea el abanderado opositor.

Lejos de maniqueísmos, la disyuntiva no enfrenta a Chile a escenarios de catástrofe, pero sí a las consecuencias de perseverar en políticas que han apartado al país de la exitosa ruta que siguió por casi tres décadas, aletargando el ritmo de desarrollo y amenazando su posición de liderazgo regional. No es la caricaturesca imagen de "chilezuela" lo que se juega en estos comicios, sino el peligro real de profundizar una senda de mediocridad y polarización.

Debate revelador

Corta, accidentada, y no exenta de gruesos errores comunicacionales, fue la campaña de segunda vuelta. Protagonizada por dos candidatos cuyas votaciones del 19 de noviembre se situaron por debajo de las expectativas, ambos se abocaron a intentar ampliar sus bases electorales y corregir deficiencias previas. El resultado se percibió en las franjas de propaganda televisiva y en una intensificación del trabajo territorial. Con todo -y precisamente por el modo abrupto en que se desarrolló la campaña-, es probable que el debate por televisión de este lunes haya sido la mejor instancia de que dispusieron los ciudadanos para evaluar el contenido de las opciones en disputa. Facilitó esto su formato, que permitió un intercambio fluido entre los candidatos, ya sin el pie forzado de los foros de primera vuelta, cuando la superabundancia de participantes impedía cualquier profundización.

En ese contexto, Sebastián Piñera -cuya campaña de balotaje había tenido un difícil inicio, en medio del desconcierto luego de la votación de noviembre- mostró un desempeño sólido, denotando dominio de los temas, pero también autoridad en su sector, al enfrentar las discrepancias que pudo suscitar en una parte de la derecha su reciente apertura en temas como la gratuidad. Subyacía aquí un ejercicio de equilibrio que el candidato supo manejar: la necesidad de ampliar su convocatoria a nuevos sectores (tal como, en los regímenes parlamentarios, lo hacen los líderes que intentan construir mayorías), sin desnaturalizar su plataforma.

Más complejo resultó esto para el senador Alejandro Guillier. Presionado por el interrogatorio periodístico en el tema de los deudores CAE, terminó descolocando a sus técnicos, con una respuesta (la condonación "para siempre") cuya estimación de costos resulta incierta y echa por tierra cuidadosos esfuerzos previos por mostrar compromiso con la responsabilidad fiscal. Esto, en los hechos, significa favorecer incluso a profesionales que tras recibir la condonación que los libera de retribuir el apoyo recibido del Estado podrían acceder a altos ingresos, y peor aún, generando incentivos para colocarse aunque sea transitoriamente en la condición de beneficiario.

Lejos de consideraciones de justicia, la inusitada relevancia adquirida por el tema CAE se origina en el hecho de que el Frente Amplio lo levantó como uno de los puntos que inclinarían la decisión de sus votantes en segunda vuelta. Esto, dentro de la ambigua estrategia seguida por esta coalición, en la que, luego de una declaración en la que evitó respaldar a Guillier, la mayoría de sus dirigentes han terminado expresando a título personal que votarán por este, pero manifestando distancia y reparos. Es una interrogante abierta el modo en que la ciudadanía evaluará dicha actitud, según la cual, más que como una agrupación de partidos y movimientos, el FA parece concebirse como una suerte de tribunal que dicta sentencia respecto de las otras fuerzas y su cercanía o alejamiento a determinados parámetros de supuesta corrección política.

Marco normativo de consecuencias indeseadas

Una última pregunta que finalmente deja esta elección es la del marco normativo que la ha regulado. Una seguidilla de reformas impulsadas en el último lustro han pulverizado la participación electoral, aumentado la dependencia del financiamiento público y restringido en extremo las posibilidades de difusión de propuestas y candidaturas.

Parece relevante que el país haga una reflexión sobre las consecuencias de aquello y hasta qué punto esas normas han incidido en fenómenos indeseados, como el artificial clima de polarización que ha rodeado esta campaña y la profundización de la brecha entre el ciudadano común y la política.