Aunque puede parecer sorprendente que se haya aprobado el proyecto de reforma de la educación superior por unanimidad en la comisión de Educación del Senado, esa decisión está motivada por el cariz que ha tomado el debate de la gratuidad en medio de la campaña presidencial. Hay que recordar que este proyecto transforma en permanente la gratuidad para el 60 por ciento más pobre de los estudiantes y vincula la expansión de los demás deciles a consideraciones económicas, particularmente a la carga tributaria como porcentaje del PIB que prime en el país.

Sin embargo, el proyecto pasará a la sala donde se espera su ratificación, pero luego comenzará el análisis y votación en particular, que se anticipa muy arduo. La revisión de las diversas presentaciones, que se realizaron en las audiencias públicas, revela grandes cuestionamientos al texto por parte del mundo académico, del sector administrativo y de los expertos en educación superior. Pocos puntos rescatables se pudieron apreciar en las distintas sesiones.

La apertura de Sebastián Piñera a extender la gratuidad más allá de los seis primeros deciles a los jóvenes de la educación técnico-profesional hizo imposible que los senadores de Chile Vamos pudiesen oponerse a la aprobación del proyecto. Adicionalmente, la iniciativa aborda muchos asuntos relacionados con el marco regulatorio de la educación superior que deben abordarse; la incertidumbre que está afectando a las instituciones educacionales es muy dañina. Con todo, si el proyecto no se modifica sustancialmente, terminará provocando un enorme perjuicio al país, porque, entre otras cosas, involucra en exceso a organismos políticos en materias que no son propias de su esfera, como el sistema de admisiones a la educación superior; establece regulaciones que desconocen la forma en que operan las instituciones del sector; propone un sistema de aseguramiento de la calidad que, en lugar de promover un mejoramiento continuo de las instituciones, postula un celo fiscalizador sobre la base de estándares que solo pueden uniformar a las instituciones, y acuerda una estimación de aportes a la gratuidad sobre la base del modelo de costos propio de una visión fabril de la educación superior.

La extendida disposición a avanzar en gratuidad de la educación superior puede ser un error que será difícil de revertir para el país. No solo se trata de una política muy regresiva, sino que tampoco asegura un mayor acceso de los grupos más vulnerables a la educación superior como consecuencia del control presupuestario que la acompaña. Al mismo tiempo, son recursos que tienen un enorme costo de oportunidad, porque, por ejemplo, se podrían destinar a educación temprana de calidad, que tiene un impacto social mucho más relevante.