Señor Director:

El jueves oía cómo la Presidenta y su ministra de Educación celebraban que "ahora", dos veces repitió "ahora" la Mandataria, estén todos por la educación superior gratuita. Ese es su programa estrella y está tan seguro el Gobierno de que abre todas las puertas, que lo destacan en la franja electoral del candidato oficialista, esperando votos en retorno.

Es más, Michelle Bachelet anticipa que ese será su gran legado, porque si bien la gratuidad universal que prometió no se materializará hasta decenas de años más, sí introdujo con éxito que es un objetivo prioritario para Chile.

De qué se jacta, el Gobierno y su Presidenta, me pregunto. Cómo puede ser motivo para presumir el solo tomar la decisión de asignar recursos que además son ajenos, porque pagan todos los chilenos con sus impuestos, e injustamente. De hecho, comenzaron la gratuidad excluyendo a los estudiantes más vulnerables y solo fueron incluidos los alumnos de la educación técnico-profesional tras una presentación de Chile Vamos al Tribunal Constitucional.

Uno creería que un gobierno puede presumir de sus logros si consigue que haya un salto cualitativo en la calidad de la enseñanza por lo que ello significa para el futuro de todos. O esperaría que alardeara si logró que los niños del Sename estén por fin protegidos en hogares que cuentan con los recursos, el cuidado personal y los especialistas necesarios para compensarles su vulnerabilidad. O sería esperable que alardeara un Ejecutivo que logró más inclusión porque impulsó tanto la inversión y la actividad económica, que recaudó como nunca antes y puso recursos para mejores viviendas y barrios o terminar con la injusticia de los 50 mil niños que esperan un cupo en una sala cuna o jardín infantil financiado por el Estado. O, en fin, porque puso las condiciones para que el 80% de los empleos se crearan con previsión y no al revés.

Pero no, aquí celebramos como lo mejor tomar los recursos de todos los chilenos y asignarlos para un fin que sería loable si no fuera porque excluye otros muchos más necesitados y los deja sin alternativa. Los 260 mil jóvenes beneficiados con la gratuidad podrían estudiar igual con el sistema combinados de becas y créditos subsidiados. Pero los adultos mayores que están en lista de espera para ser atendidos y tienen que comprar medicamentos que los consultorios no les dan no tienen opción.

Se da la paradoja de que como esta actitud de disponer de la gratuidad como una vara mágica se paga con votos termina alentando a los gobiernos, y a los candidatos, a plegarse a prioridades supuestamente populares que terminan siendo una injusticia para la mayoría.

Pilar Molina Armas