Kuczynski fue enfático en negar los supuestos vínculos con Odebrecht, pero eso no impidió que la comisión del Congreso peruano que investiga la trama de sobornos de la constructora anunciara que de todos modos lo someterá a un interrogatorio presencial. Y en la hipótesis de comprobarse la denuncia, el gobernante podría ser objeto de un proceso de vacancia por "incapacidad moral".

La trama de corrupción de Odebrecht en Perú no es reciente. También ha involucrado a ex mandatarios, como Ollanta Humala, quien se encuentra en prisión preventiva por 18 meses (al igual que su esposa), y Alejandro Toledo, quien tiene una orden de captura internacional (permanece en Estados Unidos desde 2006).

Se calcula que la constructora brasileña entregó en Perú cerca de US$ 29 millones en sobornos a numerosos personeros públicos, entre 2005 y 2014. Sin embargo, no es el único caso, ya que se estima que la compañía destinó cerca de US$ 788 millones para el tráfico de influencias en doce países de la región.

De esta forma, las investigaciones regionales iniciadas a partir de los antecedentes revelados por la llamada "Operación Lava Jato" han involucrado -en mayor o menor grado- a varios presidentes y ex presidentes latinoamericanos, como Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, en Brasil; Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli, en Panamá; Nicolás Maduro, en Venezuela; Juan Manuel Santos, en Colombia; y Cristina Fernández, en Argentina, entre otros.

Producto de las numerosas investigaciones en Brasil que vinculan a políticos con casos de corrupción, se ha podido conocer -y dimensionar- el enorme alcance que tenían las operaciones ilegales de Odebrecht con varios gobiernos de América Latina (y también de África). Un escenario similar a lo ocurrido con la empresa OAS, en cuya investigación transnacional también ha participado la fiscal chilena Ximena Chong.

En ese contexto, es válido preguntarse cuántas otras empresas como Odebrecht y OAS hay en la región, y que en este mismo instante planifican y concretan sobornos a gran escala, involucrando a partidos políticos, altos funcionarios públicos e incluso gobiernos completos.

Los vínculos de corrupción entre compañías privadas y el mundo de la política abren un profundo cuestionamiento, por ejemplo, respecto de la calidad y efectividad de la construcción de obras públicas, el abastecimiento de medicamentos, las concesiones para la compra de equipamiento militar o los programas de distribución de alimentos. Pero también tienen un impacto concreto en la pérdida de credibilidad en las instituciones públicas y privadas por parte de la ciudadanía en los países que han sido afectados por estos actos, y que en algunos de ellos ha ido en aumento, tal como lo evidencian numerosos sondeos de opinión pública.

Por delante queda un trabajo arduo y urgente por parte de las fiscalías, las policías y los tribunales para desbaratar el mayor número posible de casos como los de Odebrecht, aplicar las correspondientes condenas y revertir -de esa manera- la pérdida de confianza de la opinión pública.