La candidatura de Sebastián Piñera estima que el costo fiscal de su programa de gobierno asciende a los 14 mil millones de dólares, en cuatro años. Parte del financiamiento provendría de la reasignación del presupuesto asociado a programas públicos que han sido mal evaluados de acuerdo con la metodología de la Dirección de Presupuestos, Dipres.

Desde fines de los años 90, la Dipres ha evaluado año a año un grupo de programas e instituciones elegidos previamente, en un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos. Los programas son evaluados por expertos externos seleccionados por Dipres, a través de un concurso público o una licitación.

Según el resultado de la evaluación, Dipres y los encargados de los programas acuerdan un conjunto de compromisos para el mejoramiento del programa, cuyo avance es seguido posteriormente.

Todas estas evaluaciones son ex post , es decir, se realizan una vez que el programa ya está en funcionamiento, aunque puedan estar en distintas etapas de su ejecución (por ejemplo, programas nuevos, versus otros de más larga data).

La forma de calificar los programas de acuerdo con el resultado de la evaluación ha cambiado en el tiempo. Desde el 2011, las calificaciones que se otorgan se refieren en términos generales a su desempeño (bueno, suficiente o insuficiente), más que a los procesos (por ejemplo, previamente existía la calificación "Modificaciones en el diseño y/o procesos de gestión interna").

La candidatura de Piñera ha detectado que un 61% de los programas evaluados durante la segunda administración de Michelle Bachelet han sido catalogados como deficientes. Esos serían los programas cuyo presupuesto se reasignaría.

La cifra no es muy diferente si no se consideran los programas en los que la calificación es "No aplica" y aquellos en los que la calificación es "Resultados no demostrados", situación que se refiere a cuando la información recopilada por el programa no permite calificar. Sin esos dos casos, un 63% de los programas evaluados desde el 2014 resultan insuficientes.

Es interesante notar que durante la administración Piñera, un 39% del total de programas evaluados recibió una calificación de insuficiente, pero si solo se consideran los que efectivamente recibieron una calificación, el porcentaje se eleva al 68%. Más interesante es notar que el gobierno de entonces no reasignó el presupuesto de esos programas mal calificados.

¿Por qué no? Existen múltiples motivos para no cerrar programas.

Primero, porque, por lo general, tienen una razón de ser: existe una necesidad en la población que el Estado cubre a través de estos programas. Si funcionan mal, no es evidente que haya que cerrarlos; podría ser que necesiten modificaciones. Y esas modificaciones pueden significar más y no menos recursos.

Segundo, porque existen costos políticos al hacerlo. Para ello, se necesitaría que los jefes de servicio respectivos asuman la responsabilidad política de un mal desempeño. Y también de grandes acuerdos entre una diversidad de partes, porque hay personas afectadas por los cierres.

Esto no es una particularidad de Chile, ni de los gobiernos de Piñera o Bachelet: es un problema mucho más generalizado. Por ejemplo, después de la crisis financiera reciente, la OCDE ha notado que entre los países de la organización, la relevancia que se otorga al desempeño de los programas en las decisiones presupuestarias agregadas se ha reducido.

Por motivos de sostenibilidad fiscal, es muy importante que los gobiernos demuestren que los programas funcionan bien y que tienen sentido. Hay espacio para avanzar en ello en Chile.

Por ejemplo, se ha propuesto la creación de una agencia de evaluación de políticas públicas. Ello podría otorgar más independencia a las evaluaciones.

También, cada vez que se discuta un nuevo programa en el Congreso, se podría proponer una forma de evaluación y un calendario para esta, especificando qué sucede si el programa no cumple de manera eficiente sus objetivos dentro de un plazo dado. Incluso, se podría ir más allá: que cada programa nuevo tenga fecha de término y su renovación esté sujeta a resultados y a su capacidad para cumplir con los fines para los cuales fue creado.

Estas ideas mejorarían la información que tenemos respecto de los programas, pero ninguna aseguraría que los gobiernos asuman los costos políticos de modificar y menos, de cerrar programas.

Acabar con programas con calificación insuficiente puede no ser responsable si lo que de veras se necesita es su rediseño y cambios en su gestión. E incluso, si fuera necesario cerrarlos, tampoco es creíble que suceda: a la fecha, nadie lo ha hecho y por algo es.