Durante la última semana han hecho noticia los sucesos derivados de la balacera ocurrida en la población La Legua el fin de semana pasado. A causa del enfrentamiento entre bandas rivales que habitan y operan en el sector, volvieron a salir a la luz pública las dramáticas condiciones en que viven los habitantes y vecinos de la población, expuestos a proyectiles que penetran en sus hogares y ponen en riesgo sus vidas. Este hecho, sumado a otros que últimamente han captado la atención pública, vuelve la mirada hacia el rol que está jugando el Estado en el control de estas bandas criminales asociadas comúnmente al narcotráfico y sobre cuyas complejidades hay testimonios dramáticos en otros países del continente.

Tras el espectáculo de violencia y desfachatez extremas que se presenció en La Legua durante dos días, el intendente Claudio Orrego decidió interponer una denuncia para que se investigue el tráfico de armas con el que se abastecen y también comercializan estas bandas. El gesto es valioso porque manifiesta el interés de atacar este fenómeno desde todos los flancos, pero al mismo tiempo surge la inquietud acerca de si el país cuenta con un plan global, macizo y de largo aliento que encabece el Gobierno y haga confluir a todos los organismos e instituciones involucrados en la seguridad pública, para enfrentar este fenómeno más allá de vistosas iniciativas y operativos de alcance muy parcial y sin consistencia en el tiempo.

Si la delincuencia, y sobre todo la que procede del narcotráfico, amplía los territorios en que parece no tener contrapeso social y suma día a día mayor poder de fuego y capacidad organizativa, cabe esperar del Estado un enfoque que no se centre solo en perseguir sus manifestaciones específicas criminales, sino que además se anticipe a ellas con estrategias que enfrenten las condiciones que las hacen posibles, tanto en su emergencia como en su expansión, recurriendo a prevención e inteligencia policial destinada a coartar sus recursos e infiltrar sus redes.

De no ponerse empeño en este enfoque estratégico, se ve difícil lograr lo que hasta ahora ha sido imposible, como es la desarticulación efectiva del entramado organizacional de estas bandas. Esto último es crítico y urgente a la vista de lo que se está investigando en la comuna de San Ramón, donde se sospecha un eventual vínculo entre narcotráfico y política.

El apabullante fenómeno de la delincuencia organizada tiene la capacidad de apoderarse de territorios y confinar como rehenes a sus habitantes, conformando una inédita realidad de abandono por parte del Estado. Visto así, lo que se observa en países como México, que realiza un inmenso esfuerzo para enfrentar el crimen organizado, no resulta algo tan ajeno, sino un riesgo real que reclama de las autoridades plena alerta y proactividad, máxime cuando esas bandas extienden sus redes hacia quienes tienen el deber de perseguirlas.