Hay quienes piensan que nuestros problemas solo dependen de las circunstancias externas y que, como el cobre está ya sobre los tres dólares, la recuperación del dinamismo de la economía nacional estaría asegurada. Se equivocan. Hay incipientes signos de reactivación, pero ellos nacen de la expectativa de que el gobierno entrante sabrá aprovechar el buen viento que comienza a soplar del exterior y sortear los escollos que por poco nos hacen zozobrar bajo la presente administración.

Es cierto que el alza del cobre favorece la reanudación de las inversiones mineras, pero si el próximo gobierno no promueve la confianza, no alivia los impuestos que penalizan el emprendimiento y no agiliza los permisos ambientales, los proyectos seguirán encarpetados y el buen precio del metal rojo solo servirá para engrosar las rentas de las compañías mineras. Es cierto que una bonanza del cobre podría aliviar la estrechez presupuestaria, pero también suele subir sus costos, por lo que la administración diestra y cuidadosa del gasto público seguirá siendo imperativa.

Aunque aún faltan muchas precisiones, los lineamientos de su programa dados a conocer por el ex Presidente Piñera permiten abrigar la esperanza de que el país retomará su impulso. Destaco, por ejemplo, el anuncio de una agenda laboral que -además de corregir ciertos aspectos críticos de la reciente reforma- promueve la adaptabilidad de jornadas para ampliar la participación femenina y juvenil. Con una tasa de empleo semejante a la media de la OCDE, habría en Chile más de 600 mil puestos adicionales de trabajo para mujeres y jóvenes.

Para reanimar la inversión es indispensable modernizar la evaluación ambiental de los proyectosde inversión, y aconsejable incentivar su recepción por parte de las comunidades locales. La productividad ha de ser impulsada mediante una amplia batería de medidas antiburocracia y procompetencia, que despejen los obstáculos al emprendimiento y la innovación. Hay 8 proyectos de ley que duermen en el Congreso desde marzo del 2014 -algunos de ellos provenientes de la Agenda de Impulso Competitivo que en su momento me tocó echar a andar-, cuya actualización y reactivación debería ser abordada por el próximo gobierno en sus primeros 90 días.

Destaco, finalmente, el compromiso de simplificar el sistema tributario y rebajar los impuestos que gravan el ahorro y la inversión de las empresas -principal motor del crecimiento- a la tasa media de los países de la OCDE. Naturalmente, los detalles del calendario a aplicar deberán precisarse el próximo año, según la situación fiscal y las perspectivas de la economía, pero la voluntad de desandar, aunque sea parcialmente, la sostenida alza de la carga tributaria sobre los hombros de los emprendedores es un factor crucial para el reimpulso de la economía chilena.