Pese a que las prioridades ciudadanas aparecen muy lejanas de una nueva Carta Fundamental, todo indica que la Presidenta Bachelet no cederá en su intención de concluir simbólicamente su proceso constitucional con el envío al Congreso de un proyecto completo de nueva Constitución. Así lo indican las palabras de la Presidenta Bachelet en la FAO durante esta semana y los trascendidos desde La Moneda.

"Chile necesita que su Constitución dé cuenta de las transformaciones que como sociedad hemos vivido", afirmó la Jefa de Estado ante los asistentes a la FAO. El proyecto completo estaría siendo afinado para su envío al Congreso antes de mediados de diciembre y la nueva Carta Fundamental buscaría reforzar los llamados derechos sociales y modificar diversos aspectos orgánicos del Ministerio Público, Banco Central y Tribunal Constitucional, entre otros aspectos.

Más allá de las consideraciones políticas sobre los focos de atención que demanda la ciudadanía por parte del Estado, la oportunidad en que se pretendería dar a conocer el proyecto marca un hecho inédito en las últimas décadas. Es discutible la responsabilidad pública de iniciar un debate de las bases jurídico-políticas del país ya no en medio de la campaña electoral, sino de la definición misma, como sería el caso entre la primera y la segunda vuelta.

De ser una estrategia electoral, la maniobra rememoraría la polémica reforma laboral que envió el Presidente Frei en las postrimerías de su gobierno, en medio de la estrecha contienda electoral entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín en 1999, pero en esta ocasión se trataría de una legislación bastante más compleja y delicada para el país. Eso marcaría el fin de una cierta práctica republicana de las últimas décadas consistente en evitar la tentación de usar legislaciones relevantes y permanentes como instrumentos de campaña.

Asimismo, el carácter secreto con que se ha llevado adelante la redacción de este proyecto contraviene el discurso sobre un proceso constitucional "participativo". Desde esa perspectiva, los cabildos ciudadanos, que fueron la expresión más vistosa de ese sello de participación, quedarían reducidos a meros actos litúrgicos carentes de contenido. Cierto es que la participación nacional en ese mecanismo de validación ciudadana fue porcentualmente baja. Asimismo, sus resultados fueron política y jurídicamente difusos. La entrega pública de los distintos documentos que sintetizan este proceso, emanados del Consejo de Observadores del Comité de Sistematización y otros, revela lo que ya se advertía: sus conclusiones son interesantes, pero esencialmente genéricas, difíciles de traducir en afirmaciones mínimamente precisas o mayoritariamente respaldadas. Son, en consecuencia, poco aptas para deducir de ahí opciones constitucionales precisas que puedan transformarse en normas jurídicas. Sin embargo, la imposibilidad para poder extraer de ahí con certeza afirmaciones rotundas respecto de cuáles son las reformas que recojan "las transformaciones que como sociedad hemos vivido", lejos de justificar el secretismo en la actual fase de redacción debieran mover a reflexionar sobre la verdadera necesidad de refundar la institucionalidad vigente.

Incluso, si el designio era insistir en sacar adelante una propuesta constitucional, no se comprende por qué la redacción no se efectuó en un foro técnico más abierto, más participativo en el plano jurídico. La respuesta a ello puede contenerse en la acotada reforma al Capítulo XV enviada por la Presidenta este año al Congreso. Ahí se propone una "convención constituyente" -que operaría una vez vigente el nuevo mecanismo de reforma- y es probable que se estime como una ventaja favorable llegar a esa instancia con el proyecto del actual gobierno como un hecho consumado, ya redactado. De ser así, no hay tiempo para detenerse en auténticas discusiones jurídicas.