El episodio de las compras excesivas de leche deja al descubierto que ni la abundancia de procesos burocráticos dentro del Estado ni la existencia de una plataforma como Chile Compra aseguran un uso cuidadoso de los recursos públicos.

Acogiendo la solicitud de información presentada por una parlamentaria -en apoyo a una denuncia ciudadana de 2016 sobre una compra excesiva de tarros de leche de fórmula de inicio para menores de un año por parte del Ministerio de Salud-, la Contraloría dictaminó que la adquisición excedió en casi 10 veces los requerimientos y que buena parte del producto venció sin llegar a sus destinatarios.

Chile es firmante del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que promueve su uso. En su artículo 4.2.c), el Código señala que las madres deben ser informadas de los efectos negativos sobre la lactancia que puede producir la introducción parcial de alimento con mamadera. La denuncia de la agrupación ciudadana apuntaba a que esta entrega de tarros de leche a madres lactantes contravendría ese Código. De esta forma indirecta, y no por los procedimientos internos, fue detectado el error del Minsal, algo que no habían hecho las contralorías ni las auditorías del ministerio.

Los denunciantes creen que la presión sobre los consultorios para distribuir esos tarros buscaba ocultar el error en la magnitud de la adquisición.

La compra original de 9.000 tarros era para efectuar estudios sobre nutrición infantil y se realizó por medio de una licitación pública, pero conjuntamente con la de otros 87 mil tarros destinados al plan piloto, según el subsecretario de Salud. Es extraño, porque el plan piloto debería seguir los resultados de un estudio exitoso, y no ser simultáneo con este.

La Contraloría ordenó a la Subsecretaría de Salud Pública devolver 422 millones de pesos por este concepto -los juicios de cuenta son muy escasos en nuestra administración pública-, pero subsisten las interrogantes acerca de cómo pudo cometerse este error. En efecto, los procesos de adquisición dentro de una repartición pública envuelven numerosos respaldos. Se debe definir el motivo de la compra, ser aprobado por los supervisores en las distintas etapas, además de vistos buenos de las oficinas administrativas y contables. Sorprende que en ninguna de esas etapas ascendentes -que deben visar el gasto antes de la aprobación final del subsecretario-, se hayan examinado los antecedentes y motivos de un gasto relativamente importante en un estudio científico, detectando la inconsistencia de la compra o del desarrollo en paralelo del estudio y el plan piloto sin las conclusiones del primero.

En esa cadena de firmas, vistos buenos y otros tramites hay probablemente más negligencia y desidia administrativa de la que puede imputarse a la aprobación final del subsecretario, independientemente de su responsabilidad política. Pero el caso en su conjunto ilustra sobre la inoperancia de la burocracia interna que aqueja a muchos organismos públicos, que inflexibilizan la gestión y aumentan los costos de sus procesos, sin que ello se traduzca en un mayor resguardo en el uso eficiente de los recursos que aportan todos los chilenos.