Sorpresivamente el Gobierno decidió postergar el incremento del aporte económico comprometido en la ley de gratuidad para los colegios que adhirieron a esa política gubernamental, lo que ha suscitado un rechazo transversal entre los candidatos presidenciales y hace aún más injustificable el afán de extender la gratuidad a nivel universitario.

La ley de 2015 que puso fin al lucro, al financiamiento compartido y que reguló el sistema de admisiones a la educación escolar estableció un aporte mensual por gratuidad de 0,45 unidades de subvención educacional (USE) por estudiante que equivale hoy a poco más de 10 mil pesos.

La USE es la unidad base para definir los subsidios educacionales y a partir de marzo de este año su valor se fijó en casi 24 mil pesos. El artículo vigésimo cuarto transitorio de dicha ley estableció para el primer año, después de promulgada la ley, una transferencia de 0,25 USE y en los dos años siguientes, 2017 y 2018, un incremento anual de 0,1 USE, esto es, un aporte mensual adicional de cerca de 2 mil 400 pesos por estudiante. Esta subvención la recibirían, además de los establecimientos estatales, los colegios particulares subvencionados sin fines de lucro y gratuitos (incluyendo planteles con financiamiento compartido que renunciaran a este cobro). Es evidente que una razón fundamental para crear este aporte fue el incentivo que generaba en una gran mayoría de colegios que cobraban un financiamiento compartido reducido.

Inexplicablemente, el Gobierno decidió postergar el último incremento a través de una disposición incluida en el proyecto de ley de presupuestos 2018. Es, desde luego, muy discutible que se use la ley de presupuestos para enmendar una ley del carácter de la que creó este aporte. En particular, no parece jurídicamente sostenible que la ley de presupuesto revoque un desembolso definido en una ley permanente. El Gobierno, a propósito de la eliminación del aporte fiscal indirecto por vía presupuestaria, pareció saludar esta tradición luego de la demanda presentada por la Pontificia Universidad Católica para reclamar por el término de dicho aporte que había sido establecido por una ley anterior. En este caso cabe preguntarse si no se aplica un principio similar. Más aún, si las autoridades gubernamentales perseveran en este camino, ¿no podrían acaso los sostenedores educacionales, siguiendo los pasos de la PUC, demandar al Estado por la denegación de este aporte?

Aun si ello no fuese posible, no cabe duda que la decisión gubernamental lesiona la fe pública, toda vez que muchos colegios que decidieron dejar de cobrar financiamiento compartido lo hicieron sobre la base de una promesa que les garantizaba que en tres años iban a contar con el aporte por gratuidad definido en la ley. Los estudiantes que dejarán de recibir este aporte llegan en el país a un número del orden de 2,6 millones. El fisco se ahorraría por esta postergación una cifra cercana a los 120 millones de dólares. Si bien el país está viviendo una situación fiscal compleja, no parece ser este el ámbito donde deben hacerse ahorros. Existe una variedad de programas mal evaluados que deberían ser una fuente de ahorros públicos que precedan a la última parte del aporte comprometido por gratuidad. Solo para efectos de comparación se puede señalar que los 10 programas calificados con desempeño insuficiente en la última evaluación de programas realizada por la Dirección de Presupuestos suman aportes en el proyecto de ley de presupuestos por aproximadamente 153 millones de dólares y estos son apenas una pequeña proporción de los programas que han sido mal evaluados desde 1997.

La decisión tomada revela, además, una incomprensión de los proyectos educativos. En general, los colegios planifican con tiempo su gestión y contaban para el próximo año con un ingreso adicional de casi 2 mil 400 pesos por alumno. Esto significa que un establecimiento con 400 estudiantes anticipaba recibir del orden de 11,5 millones de pesos adicionales durante 2018. Son recursos relevantes que pueden financiar un equipamiento valioso que ahora debe postergarse de manera indefinida, particularmente porque los recursos habituales de la subvención están comprometidos en gastos permanentes como las remuneraciones.

Es difícil entender la decisión tomada por el Gobierno y ha sido tal el rechazo suscitado en los diversos sectores políticos que no es descartable que esta decisión se revierta en el curso de la discusión presupuestaria.