Después de casi dos años de debate, marcado por coincidencias en el diagnóstico, pero importantes diferencias acerca del marco normativo necesario para el mejoramiento de la educación pública, se aprobó -mediante un acuerdo transversal- la ley que establece el traspaso gradual de más de cinco mil colegios desde las municipalidades a organismos dependientes del Ministerio de Educación.

Afectada por una persistente baja en las matrículas, atribuida a cambios demográficos y razones geográficas, pero también a problemas de calidad, la educación pública dejó de ser opción para muchos padres. La nueva normativa -en un modelo de rasgos originales a nivel internacional- pretende corregir las actuales deficiencias, superar los problemas de financiamiento que muchos municipios arrastran por años y fortalecer -con la creación de los 70 servicios locales de educación- la capacidad de gestión, al agrupar bajo cada uno de estos organismos un gran número de escuelas.

Pese a que se ha aplaudido la gradualidad acordada para el traspaso de los colegios -proceso que comienza en marzo y que podría postergarse hasta 2030, dependiendo de la evaluación de su funcionamiento-, subsisten diferencias respecto de la obligatoriedad de la aplicación del sistema, pues, según la interpretación de algunos parlamentarios, la ley establece que aquellos colegios que tengan un buen desempeño, y que cumplan con ciertas condiciones, podrían mantener su carácter municipal indefinidamente, permitiendo un modelo mixto, lo que es refutado por el Ejecutivo. La ley no contempla la posibilidad de revertir el proceso y volver a tener dependencia municipal.

Pese al perfeccionamiento alcanzado en la discusión legislativa, se mantienen ciertas inquietudes respecto de temas fundamentales relativos a la provisión de la educación pública con altos estándares de calidad. Preocupa que la estructura institucional no establezca con claridad las responsabilidades necesarias y que no se defina un esquema claro de rendición de cuentas.

Inquieta también que la mayor centralización del sistema debilite el necesario vínculo local y que las comunidades pierdan autonomía al no contar con espacios para participar en los proyectos educativos. Tampoco resulta evidente el esfuerzo explícito por reforzar el rol del director, cuya capacidad para liderar y gestionar la planta académica resulta clave para el desarrollo de prácticas docentes de calidad. Sobrecargado de tareas administrativas y sin atribuciones para conformar un equipo de profesores comprometido con las funciones docentes, su labor académica puede verse poco relevada.

La complejidad de la tarea que plantea la nueva legislación no solo implica superar dificultades relativas al traspaso de inmuebles y problemas de financiamiento, sino también velar por la situación de los profesores, tema de alta sensibilidad, ya que de su desempeño docente depende conseguir el objetivo planteado de elevar la calidad.

Conocidas las debilidades de un modelo en extremo centralizado, como el imperante en décadas pasadas, así como las falencias del actual régimen, que presenta resultados exitosos en algunas comunas y muy deficientes en otras, la nueva institucionalidad tiene el desafío de impactar positivamente en el aula, que es -en último término- lo que los apoderados esperan y exigen.