En columnas publicadas en este medio, Carlos Peña y John Müller criticaron las nuevas reglas de financiamiento electoral. Peña argumentó que el bajo nivel de los debates presidenciales se debe a las nuevas regulaciones, las cuales obligan a los candidatos "a intentar una campaña imposible puerta a puerta o plaza a plaza", y Müller lo complementó mostrando que el número de personas que un candidato puede contactar personalmente es una fracción menor del electorado.

Ninguno de los dos parece estar informado de cómo las redes sociales han cambiado la forma en que se realizan las campañas. Por ejemplo, Facebook asegura un alcance de entre 79 mil y 210 mil electores a un candidato del distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja) por tan solo $100 mil, por lo que el costo de las campañas es hoy mucho menor para quien sea capaz de adaptarse.

Los dos columnistas echan de menos las campañas de antaño, donde "había más promiscuidad entre el dinero y la política y el gasto era más dispendioso ... (pero) al menos las campañas lograban encender la voluntad de las personas" (Peña). Cuesta entender cómo las gigantografías y palomas que tapizaban las calles, que apenas informaban el nombre del candidato y daban enormes ventajas a candidatos y sectores con más recursos, contribuían a encender la voluntad de las personas. De hecho, la ciudadanía valora enormemente los cambios en esta materia. Según una encuesta de Espacio Público e IPSOS realizada poco después de la reciente elección municipal, un 82% evalúa positivamente la prohibición de gigantografías y palomas.

Esta semana conocimos los nombres y montos de los principales financistas de las campañas hasta ahora. Son los mismos que antes financiaban a través de sus empresas, con un subsidio estatal del 40% y con límites tan altos que unos pocos terminaban financiando la mayoría de las campañas. Ahora lo hacen como simples ciudadanos, sin subsidios del Estado y con límites más razonables. Hace cuatro años no conocíamos esa información y nos enteramos, después, que hubo parlamentarios que legislaron a espaldas de la ciudadanía y en contubernio con sus financistas.

Ahora los partidos políticos no dependen exclusivamente del financiamiento privado, como sucedía hace cuatro años, donde grupos económicos los financiaban: algunos a los ideológicamente cercanos, otros, a diestra y siniestra. También, ahora cuentan con una cuota importante de financiamiento público, que refleja sus votaciones y no es gratis: tiene exigencias de transparencia que parecían imposibles hace poco. Con padrones más confiables y elecciones con supervisión del Servel, ya no tendremos acusaciones de fraude luego de cada elección interna, y en aquellos partidos que elegían a sus directivas con mecanismos propios de Corea del Norte, veremos procesos competitivos.

Se trata de transformaciones profundas que requieren de un tiempo de adaptación y aprendizaje. E A futuro, los candidatos presidenciales lo pensarán dos veces antes de cancelar una primaria o ir como independiente apoyado por un pacto partidario, porque estas opciones dificultan endeudarse contra los dineros que recibirán por los votos que obtengan. Así también, los bancos volverán a hacer préstamos a los candidatos contra los ingresos posteriores, partiendo por BancoEstado, ahora que se despejó la duda jurídica que existía al respecto.

También habrá temas donde se justifica seguir legislando y complementando las reformas, y otros en que es recomendable revisar lo aprobado, pero no deshaciendo lo avanzado en materia de mayor transparencia y una cancha más pareja en la contienda electoral. Por ejemplo, existen una serie de medidas que se pueden adoptar para mitigar la ventaja de los incumbentes sin que las empresas vuelvan a financiar la política o que no existan límites al gasto de campaña. El Consejo Asesor Presidencial que lideré propuso varias medidas en esta línea, entre ellas establecer una franja radial gratuita, prohibir nuevas contrataciones a honorarios y limitar el gasto en publicidad en períodos electorales, y establecer un período de precampaña para todas las candidaturas y no solo las presidenciales. Desgraciadamente, estas propuestas no fueron recogidas por el legislador.

La encuesta antes mencionada constató que el principal motivo para no votar en la elección municipal de 2016 fueron los casos de corrupción de los últimos años. Un financiamiento más sano de la política, campañas menos onerosas y más competitivas y partidos más democráticos y transparentes son pasos importantes en un largo camino para que la ciudadanía vuelva a confiar en sus representantes.

Eduardo Engel