Durante esta y las siguientes dos semanas, la Comisión Nacional de Productividad presentará los resultados preliminares de un estudio encargado por el Gobierno para evaluar el Sistema Nacional de Formación Profesional y realizar recomendaciones que permitan asegurar un mejor desarrollo de las competencias y habilidades de la población para el mundo del trabajo. Desde hace un buen tiempo se ha diagnosticado que en este ámbito hay falencias importantes. Por diferentes razones, los esfuerzos de reforma en esta dimensión han ido postergándose en distintos gobiernos. El informe de la CNP ofrece una buena oportunidad para repensar esta situación y reafirmar la necesidad de una agenda de cambios en esta materia.

El diagnóstico preliminar nos recuerda la enorme proporción de nuestra fuerza de trabajo, un 53%, que es, en estricto rigor, analfabeta funcional o está al borde de serlo. Esta proporción se compara con un 18% para el promedio de los 35 países de la OCDE. Al mismo tiempo, en los países que integran esta organización un 46% de los trabajadores tiene buenos, muy buenos o excelentes niveles de alfabetismo, proporción que en Chile cae a un 15%. Las competencias y destrezas de los trabajadores nacionales para adaptarse a las nuevas tecnologías y a las funciones mucho menos rutinarias del mundo moderno son muy reducidas. Las oportunidades de progreso para ellos se minimizan, y para la economía el lastre que ello significa para elevar la productividad es enorme. De ahí que los salarios a los que pueden acceder sean bajos; del orden del 45% de nuestra fuerza de trabajo tiene salarios que no superan los 400 mil pesos.

Para corregir esta situación, el informe plantea una serie de propuestas iniciales. Entre ellas, redefinir de forma profunda los programas de capacitación, que en la actualidad contemplan en promedio no más de 40 horas. En opinión de la CNP ello no sirve para mejorar las habilidades de trabajadores poco calificados. Estima que para que estos sean exitosos deben llegar hasta 500 horas, en particular en el caso de trabajadores que habitualmente pasan largos períodos desempleados. Sugiere que estos programas tienen que estar bien diseñados y planificados, y no como ocurre en la actualidad, donde en ocasiones parecen pensados para salir del paso y atender rápidamente la demanda por capacitación.

En las propuestas se defiende, además, una mejor articulación de la enseñanza media técnico-profesional con las empresas, extrañando un diálogo más sistemático entre ambos mundos con el objeto de que la educación se conecte mejor con los desafíos que enfrentan las empresas y las características que estas demandan de sus nuevos trabajadores. Asimismo, detecta la falta de perfiles de egreso más claros en este nivel educativo, que también afecta a la educación superior técnico-profesional, toda vez que carreras similares entregan competencias y destrezas muy diferentes.

Dentro de las propuestas es difícil entender la idea de hacer obligatorios dos años de formación técnica superior. Es una respuesta a las bajas competencias de la educación media técnico-profesional, que se reflejan en bajos salarios comparados con los obtenidos por un técnico con dos años de formación superior. Pero en esto pueden influir diversos factores, incluida la autoselección de estudiantes. Además, si la educación media no está funcionando en la modalidad técnico-profesional y no está aportando a los jóvenes, el primer paso es reformarla. Incluso se podría terminar y que los jóvenes accedan directamente a esa formación superior de dos años. Pero pensar en extenderla obligatoriamente más allá de los 13 años actuales (kínder es obligatorio) no parece a primera vista justificable.