Los grandes números sociales

La construcción de un sistema de protección social representó uno de los esfuerzos más importantes del Estado en las últimas décadas. El Chile Solidario (2002), Chile Crece Contigo (2006), Ingreso Ético Familiar (2012) son solo tres de los muchos programas que han contribuido a levantar nuestra extensa red de apoyo social. Esta además ha incluido iniciativas en las áreas de pensiones, educación, salud, vivienda, trabajo, emprendimiento y transporte, entre otras. Sin embargo, la falta de evaluación y perfeccionamiento de muchas de esas políticas públicas arriesga instalar una cultura del asistencialismo y de liviandad en el uso de los recursos públicos.

Desde un punto de vista financiero, el levantamiento de tal sistema ha significado anualmente la utilización de considerables recursos económicos que solo fueron posibles de solventar gracias al crecimiento económico. Para ponerlo en perspectiva, de acuerdo con la información oficial entregada por el Banco Integrado de Programas Sociales, solo en el 2016 el presupuesto destinado a los 316 programas de 11 distintos ministerios, fundaciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes reportados en el registro superó los US$ 8.500 millones. Si a esto se agregan los subsidios entregados, por ejemplo, a transporte (aproximadamente US$ 1.100 millones) y a economía (cerca de US$ 300 millones en distintos programas de apoyo), la cifra total sería cercana a los US$ 10.000 millones.

Ad portas de una nueva discusión presupuestaria, parece necesario reconocer el inmenso desafío que significa administrar tales recursos. Cualquier esfuerzo por modernizar el Estado debe pasar por agregar racionalidad y eficiencia en este ámbito. La evidencia internacional es abundante en demostrar cómo la generosidad mal entendida (Grecia en Europa y Venezuela en América Latina) es explotada por el populismo, generando en último término efectos negativos sobre precisamente quienes se busca ayudar. Chile debe evitar caer en esa tentación.

Imprescindible evaluación de los programas sociales

Si bien la Dirección de Presupuestos (Dipres) evalúa y audita constantemente los programas e iniciativas del Gobierno, estos son raramente discontinuados aun cuando su rendimiento sea catalogado como deficiente. A modo de ejemplo, de los 25 programas analizados este año por Dipres en el marco de la evaluación de programas gubernamentales, el 44% de ellos fue clasificado con desempeño insuficiente y solo el 16% con buen desempeño.

Esta ineficiente inercia en la asignación de los recursos públicos significa un alto costo para el país. No solamente puede ser interpretado como despilfarro, sino además limita la expansión de aquellos programas que sí muestran resultados promisorios o la implementación de nuevas iniciativas de mejor diseño.

Ante esta realidad, es necesario insistir en que las evaluaciones realizadas a los programas tengan consecuencias. La continuidad de los mismos debería depender de estas. Adicionalmente es necesario que se amplíe el número de evaluaciones a más iniciativas y que estas sean desarrolladas con los mayores estándares técnicos por entidades independientes externas al Estado.

Clave: clasificación de hogares

En el contexto de un país de ingreso medio, en donde la pobreza se mueve fuertemente con el ciclo económico, la focalización del gasto público es obligatoria. Chile respetó tradicionalmente este principio, pero en el último tiempo se han observado señales equívocas en esta materia.

Los instrumentos de focalización deben ser revisados constantemente. Eso explica la transición desde la antigua Ficha de Protección Social (FPS) hacia el nuevo Registro Social de Hogares (RSH), vigente desde enero del 2016.

Los problemas de la FPS eran múltiples e incluían un deficiente diseño en la construcción de umbrales de vulnerabilidad, agravado por la falta de fiscalización. La combinación permitía, por ejemplo, la subdeclaración de ingresos y el exceso de dependientes en los hogares vulnerables. Esta situación implicaba el insólito resultado de que un 40% de la población fuese clasificada en el 20% más vulnerable y el 58% de los hogares estaba catalogado dentro del 40% más vulnerable. Los problemas de diseño eran evidentes.

Para atacarlos, el RSH incorporó el uso de datos administrativos, es decir, los datos que entregan los servicios públicos y las agencias de gobierno. Así se evita el autorreporte. Sin embargo, a un año de su implementación, ya se identifica la necesidad de mejoras en la focalización. En primer lugar, el nuevo sistema clasifica solo parcialmente a los hogares según carencias, pues excluye ex ante a quienes no son beneficiarios por su nivel de ingresos. Esto limita la posibilidad de focalización. De hecho, el RSH posee un menor nivel de priorización, al no distinguir ningún nivel inferior al 40% de menores ingresos de la población. Segundo, los ingresos de fuentes informales no son capturados por los registros administrativos, lo que abre la posibilidad de abusos. Tercero, la revisión del instrumento no incluyó una mejora en los diseños de las reglas de acceso a beneficios, introduciendo algún criterio de gradualidad, manteniendo la lógica del todo o nada. Por último, la derogación de la FPS no significó una revisión extensiva de abusos y errores en la entrega de beneficios sociales, dado que no se afectaron los beneficios y/o prestaciones sociales concebidos durante su vigencia.