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Editorial
Sábado 23 de septiembre de 2017
Empresas de transporte de valores
No es claro que deba ser Carabineros el que fiscalice a esas empresas o si debería hacerlo una unidad de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
El millonario asalto a la empresa de transporte de valores Esertval -los delincuentes huyeron con una cifra que la policía inicialmente estima entre 10 mil y 15 mil millones de pesos- ha vuelto a atraer la atención sobre cómo está organizada esta industria.
El crimen supera con creces al llamado "Robo del Siglo", que se registró en 2014 en el aeropuerto Merino Benítez, pero lo que más llamó la atención fue la escasa sofisticación de los hechos y los bajos estándares de seguridad que pareciera haber tenido la empresa: un vigilante sale a comprar, lo toman de rehén; los delincuentes ingresan al recinto y durante largo rato abren una bóveda con el método conocido como oxicorte, sin que funcionara la alarma.
Y si bien se trata de un hecho algo inusual, dado que los robos a las empresas de valores se han cometido mayoritariamente en el exterior, cuando las camionetas están retirando dinero, da cuenta de la debilidad de sus protocolos.
Por de pronto, la regulación legal de esta industria está obsoleta. Y si bien existe un proyecto de ley de seguridad privada, que ingresó el 2009 al Congreso, este no ha tenido movimiento desde 2014. En octubre del año pasado, el subsecretario del Interior advirtió que era necesario avanzar en mejorar el marco normativo, pero privilegió la vía administrativa a la legislativa, estableciendo por medio de un decreto mayores exigencias para el cumplimiento de esas tareas.
Sin embargo, todo indica que se requieren revisiones más profundas. Una de las más importantes es la pertinencia de que el OS10 de Carabineros sea el responsable de fiscalizar a las empresas y sus protocolos. Paradójicamente, está unidad está a cargo de fiscalizar a los más de 100 mil guardias privados que existen en el país, a las empresas de valores y a múltiples otras actividades. Por cierto que su estructura actual no da abasto, pero no es claro que la solución sea incrementar su dotación. Cabe preguntarse si esta labor debe corresponder a Carabineros o si sería mejor una unidad de la Subsecretaría de Prevención del Delito. La situación actual además incentiva a que se genere una relación inconveniente entre las empresas de seguridad y Carabineros, ya que estas últimas son grandes contratantes de ex uniformados.
Al mismo tiempo, se requiere un mayor nivel de compromiso de las propias empresas privadas. Algunas de ellas son multinacionales, pero no operan en el país con sus mejores estándares. También los bancos y entidades financieras deben prestar atención a los protocolos de las empresas de transporte de valores, ya que pese a contar con seguros contra estos delitos, estas coberturas tienen deducibles.
Estos aspectos deberán estar a la vista en las gestiones que lleve adelante el Gobierno con la totalidad de las empresas de transporte de valores, para discutir proposiciones legales y operativas tras el revuelo público causado por el atraco a Esertval.