En un reconocimiento de las dificultades involucradas en terminar con el lucro de los planteles escolares, cuatro senadores oficialistas -Araya, Montes, Walker (Ignacio) y Zaldívar- ingresaron un proyecto de ley que posterga en un año la entrada en vigencia de la disposición contemplada en la así llamada Ley de Inclusión, que pone fin a la posibilidad de que los colegios subvencionados puedan retirar excedentes por su gestión educacional. Esta, cabe recordarlo, estableció, entre otros aspectos, un cronograma para que los establecimientos organizados como sociedades comerciales pudiesen convertirse en personas jurídicas sin fines de lucro. Un plazo relevante se cumplió el pasado 30 de junio, fecha en la que venció la posibilidad de que estas sociedades pudieran informar anticipadamente su decisión de transformarse en instituciones sin fines de lucro, lo que les permitiría extender la opción de continuar arrendando la infraestructura que actualmente ocupan, postergando por cuatro años la obligación de la nueva institución de adquirir ese inmueble.

La alternativa para los que no siguieron ese camino es convertirse en fundación a más tardar el 31 de diciembre de este año y adquirir la propiedad a través de créditos garantizados. El problema es que poco más del 10 por ciento de los colegios siguió el primer camino y en la actualidad no está claro cómo van a funcionar los créditos que permitan hacer realidad el segundo camino. La incertidumbre, entonces, que enfrenta el sistema escolar y sobre todo las familias es muy elevada. La baja adhesión que tuvo el primer camino se explica por una serie de vacíos y complejidades que redujeron su atractivo. Al no existir un mecanismo claro para resolver esta encrucijada, parece razonable postergar al menos por un año la vigencia de esta ley en este aspecto específico. El Gobierno ha anunciado que ingresará una ley miscelánea que resuelve los problemas detectados, pero el primer paso es legislar rápidamente esta postergación.

El estrés al que ha sido sometido el sector particular subvencionado a propósito de la modificación legal que termina con el lucro es difícil de justificar (y también estatal, a propósito de disposiciones complementarias). La evidencia mostraba, por un lado, que el sistema escolar chileno tiene un desempeño muy heterogéneo, con planteles de buenos resultados, otros mediocres y finalmente unos deficientes. Este fenómeno se presentaba en los establecimientos municipales, particulares subvencionados con y sin fines de lucro, y en ninguno de ellos la distribución de resultados era claramente dominante. Por otro lado, no hay en Chile un superávit de buenos planteles, sino una carencia y, por tanto, todas las experiencias valiosas debían ser utilizadas en su máximo potencial. Las disposiciones que pusieron fin al lucro no distinguían esta realidad. La burocracia que se ha creado para resolver un problema que no era tal ha desviado la atención del sistema escolar hacia aspectos que nada tienen que ver con la calidad de la educación. Se han perdido años en esta discusión y los costos que está teniendo este cambio legal específico parecen estar superando largamente los beneficios, si es que han existido.

Hubo un exceso de ideologización en esta discusión que en nada ha beneficiado a los estudiantes y a la calidad y equidad de la educación chilena. El camino más razonable parece ser suspender indefinidamente la aplicación de esta parte de la Ley de Inclusión y permitir que existan las sociedades comerciales en educación mientras tengan buenos resultados. No es fácil alcanzar este objetivo, pues en este debate se observaron grandes pasiones y se extremaron posiciones. Con todo, parece un deber, al menos, acoger la solicitud de los senadores y al mismo tiempo tramitar cambios que permitan resolver todos los vacíos que aún persisten en la legislación, de modo de posibilitar un tránsito gradual y sostenible de los colegios organizados como sociedades comerciales hacia personas jurídicas sin fines de lucro.