En la Ley de Presupuestos de los años 2016 y 2017 se restringió el crecimiento de las instituciones adscritas a la gratuidad -incluidas las universidades estatales- a un tope de 2,7%. Se estableció también que las instituciones podrán excepcionalmente solicitar autorización al Ministerio de Educación para aumentar su matrícula en razón de su orientación a las necesidades estratégicas del país y de sus regiones.

Postulamos que la restricción legal del crecimiento de matrícula no debiese aplicar a las universidades estatales. Hoy, en Chile, la expansión de la matrícula estatal tiene un valor estratégico para el país, por distintas razones.

En primer lugar, la consolidación de un sistema mixto de educación superior desde la perspectiva de la diversidad institucional requiere aumentar la participación de las universidades estatales. El aumento de la matrícula universitaria, fuertemente acelerado desde 2005 como resultado de los nuevos instrumentos de financiamiento, fue absorbido preferentemente por universidades privadas de admisión no selectiva. Aunque fuera por omisión, esta decisión de política educacional profundizó el modelo de privatización iniciado en 1981. Actualmente, la matrícula de las universidades estatales es un 14% de la matrícula en educación superior -si se incluye la educación técnico-profesional- y un 23% de la matrícula universitaria. Esto contrasta con el promedio de la participación estatal en los países de la OCDE, que alcanza un 68% de la matrícula en educación superior. A modo de ilustración, en 1971 la matrícula de la Universidad de Chile, solo en su sede Santiago, acogió a 8.920 estudiantes de primer año. El 2017 recibió a unos 6.500 estudiantes, es decir, cerca de un tercio menos que hace cinco décadas, a pesar que el total de universitarios en Chile se ha quintuplicado.

Segundo, la expansión de la oferta estatal en todo el territorio nacional es sustancial porque respeta el derecho de nuestros jóvenes de acceder a un proyecto educativo pluralista, a un lugar de encuentro en la diversidad que, sin promover un credo o ideología particular, refuerza la cohesión social y cultural en un país altamente segregado.

Tercero, el Estado debe asegurar que sus universidades sean un pilar de la calidad y la inclusión del sistema en todo el territorio. Considerando que las instituciones públicas deben sustentar un alto estándar de provisión, un aumento de vacantes en planteles estatales avanza también en equidad, pues ampliaría las oportunidades de acceso a programas de calidad. En la medida que la educación superior se entiende como un derecho social que el Estado financia crecientemente, garantizar una oferta pública sustantiva aparece como un imperativo.

Finalmente, las instituciones estatales están llamadas a aportar de manera fundamental al desarrollo nacional a través de su compromiso con el bien público. Los jóvenes que estudian en una universidad estatal son convocados a la búsqueda de soluciones a los problemas comunes, y el Estado debe actuar como corresponsable, mediante políticas que promuevan la calidad y la pertinencia.

La ley de universidades estatales actualmente en discusión debe incluir una indicación que libere la expansión de matrícula para universidades estatales que satisfagan un estándar de calidad y proveer un aumento gradual de financiamiento que les permita abordar esta expansión manteniendo la calidad.

Rosa Devés
Vicerrectora de Asuntos Académicos, Universidad de Chile

Daniel Hojman
Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Universidad de Chile