El compilado y análisis de estadísticas oficiales sobre la realidad penitenciaria de 11 países de la región, hecha por el Grupo de Diarios América (GDA), es una nueva alerta sobre los altos costos sociales que están teniendo las malas políticas públicas en materia de seguridad y justicia que se siguen impulsando, salvo muy escasas excepciones, en América Latina, la región más violenta del mundo en términos de delincuencia.

El trabajo del consorcio periodístico -que integra "El Mercurio"- comprendió a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Salvo en los casos de Venezuela y Puerto Rico, donde GDA complementó con datos de organizaciones de la sociedad civil, y aun cuando la calidad de los datos es debatible por la fragilidad institucional de la que la misma investigación hace mención, se trata de un valioso aporte para el debate público en un ámbito prioritario para los ciudadanos.

Por una parte, y considerando estadísticas descriptivas, el preso promedio de la región es hombre, tiene 28 años y no ha terminado la educación secundaria. En general, los delitos por los cuales fueron encarcelados son el robo o el intento de robo o alguna infracción a la Ley de Drogas. En un rango que va de 5% a 70% en Argentina y Venezuela, respectivamente, en promedio el 33,4% de los reclusos de la región está en prisión preventiva, es decir, esperando tras las rejas el juicio o instancia en que se decidirá si finalmente es o no culpable del delito que se le imputa. Además, salvo Puerto Rico, con una sobrepoblación de 74%, todos los países tienen una tasa de hacinamiento superior al 100%, variando entre 106% en Argentina y 385% en El Salvador. Además, el gasto diario promedio en la región es de US$ 22,24, siendo el mínimo 1,12 en Venezuela y 55 en Argentina. Las tasas de reincidencia reportadas, a su vez, arrojan que en promedio el 32% de los reclusos vuelve a ser condenado a pena de cárcel, siendo Puerto Rico el país que reporta la menor tasa -11%- y las fuentes de Venezuela, la mayor -65%-.

En el caso de Chile, Gendarmería reportó un hacinamiento del 108%, un gasto promedio de US$ 30,5 -es decir, alrededor de 580 mil pesos al mes- y una reincidencia de 39,5 (no se indica el tiempo considerado para la medición, pero Gendarmería en el pasado ha usado dos años).

Por otra parte, la información cualitativa entregada da cuenta de que, ya sea por la corrupción derivada de la fragilidad de los sistemas penitenciarios y de justicia o por la falta de entrega de servicios tan básicos como la alimentación, el crimen organizado ha ocupado el lugar del Estado, tomando el poder y brindando dichos servicios y seguridad dentro de los recintos.

Parece concluirse que, salvo contadas excepciones, se trata de sistemas desfinanciados y deslegitimados, donde van a parar en su gran mayoría personas que no representarían un alto riesgo para la sociedad, muchos de los cuales podrían haber cumplido su pena bajo un sistema efectivo de control en libertad, y que aumentan su riesgo delictivo al estar encarcelados. La evidencia indica que si bien es indispensable sanear y dignificar las cárceles, los países deben avanzar en mejorar la eficacia y focalización de la persecución penal de policías y fiscales en los sujetos con alta actividad delictiva o violentos, partiendo por los prófugos de la justicia por delitos violentos. Asimismo, es prioritario construir sistemas de rehabilitación basados en evidencia y de penas en libertad con efectivo control, y, ante todo, es fundamental desplegar intervenciones preventivas sociales focalizadas en ese pequeño grupo de hombres que, ya a temprana edad, cargan con factores de riesgo delictivos individuales y familiares. En suma, toda la evidencia arroja que lo que se requiere es prevenir a tiempo, disuadir con eficacia y encerrar a un delincuente cuando realmente vale la pena.