La reorientación del ámbito de fiscalización y control de la Contraloría General de la República (CGR) no ha estado exenta de fricciones tanto con instituciones públicas como con entidades privadas.

Según la Constitución Política, la Contraloría General de la República es el organismo autónomo que tiene por función, entre otras, controlar la legalidad de los actos de la administración, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, y examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a cargo bienes de esas entidades.

Históricamente, una serie de empresas estatales y otros organismos del Estado no habían estado en el centro de las preocupaciones fiscalizadoras del organismo, que en general se limitaba a los servicios públicos centralizados y descentralizados, pero esto parece estar cambiando en el último tiempo.

La labor de cuidado de la administración e inversión de los fondos fiscales resulta esencial en cualquier Estado, tanto por la necesidad de resguardo de la probidad de la función pública como por la necesidad de una inversión adecuada de fondos que son limitados y que deben destinarse a la generación e implementación de buenas políticas públicas. El resguardo de los recursos fiscales, por tanto, no se refiere a su mera custodia, sino especialmente a que la inversión redunde en un bien para los ciudadanos y no se distraiga o mal administre. En esta línea, el plan estratégico de la Contraloría para los años 2017-2020 incorpora un aumento de las auditorías, lo que ha implicado incluso algunas modificaciones orgánicas a la institución. Ningún funcionario público que tenga caudales fiscales a su cargo puede verse sustraído de este control ni menos sentirse amenazado por ello, así como tampoco sería aceptable que las empresas estatales intenten sustraerse de él.

Desde esta perspectiva, la Contraloría ha reivindicado que el control de los referidos recursos públicos, incluso cuando se encuentren en manos de particulares, puede ser objeto de revisión por ese organismo.

Con todo, se han formulado algunas orientaciones que podrían disminuir las tensiones originadas por este nuevo énfasis fiscalizador. Por una parte, la idea de que la fiscalización de la CGR debe considerar la forma de operar de los mercados y sectores en que las respectivas empresas estatales participan. Distintos mercados o sectores pueden presentar características especiales, y la fiscalización debe atender a esas vicisitudes, para no poner en riesgo la viabilidad, eficiencia o rentabilidad de las referidas empresas. Algo de eso invocó Codelco en sus tensiones con la Contraloría y la resolución final en la materia corresponderá a los tribunales. Con todo, tampoco pueden esgrimirse las particularidades de los respectivos mercados o industrias para eximirse del referido control. También se ha reparado en que la Contraloría no es un órgano especializado en todas las materias y todos los sectores de actividad económica o productiva estatal, de modo que la fiscalización del mérito de las decisiones corporativas debe contenerse de incidir en las decisiones comerciales, productivas o incluso en la selección de proveedores de dichas empresas o servicios.

Lo mismo se señala respecto de las auditorías que se dispongan para las instituciones fiscalizadoras sectoriales del Estado, como las superintendencias de Pensiones, de Bancos, de Valores y Seguros, etcétera. Dichas instituciones no pueden estar exentas de la fiscalización y control de la CGR, pero esta última debe cuidarse mucho de no influir en las fiscalizaciones que estas instituciones realizan, sea en cuanto a los actores sectoriales seleccionados para ello o los ámbitos de fiscalización que elijan. Son estas las instituciones llamadas por la ley a velar por sus ámbitos sectoriales y sería una mala señal que sus diferencias con la Contraloría también terminaran en los tribunales.