El Gobierno anunció que enviará una ley que evite el cierre de colegios subvencionados con malos resultados educacionales, según se estableció por el Congreso en 2011.

En ese entonces, se aprobó la Ley 20.529, la que definió un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación escolar. Entre otros aspectos, esta legislación contempla un sistema de ordenamiento de los planteles escolares sobre la base de un conjunto de antecedentes de desempeño escolar. Estos consideran estándares de aprendizaje que se anclan en el Simce y otros de desarrollo personal y social. A partir de ellos se construyen indicadores de resultados que se ajustan por las características de los estudiantes para evitar sesgos que pueden resultar del diverso capital cultural de los hogares. Sobre la base de estos indicadores ajustados se clasifica a los planteles escolares subvencionados en cuatro categorías de desempeño: alto, medio, medio-bajo e insuficiente. La idea es que esta categorización oriente la autoevaluación del establecimiento y que informe su plan de mejoramiento educativo. En el desarrollo de este plan, los colegios son apoyados por la Agencia de Calidad de la Educación.

Los establecimientos que son clasificados en el nivel insuficiente tienen un plazo de cinco años para exhibir mejoras en su desempeño. Si no hay progreso, se retira el reconocimiento oficial y dejan de percibir la subvención escolar, obligándolos, en la práctica, a cerrar sus puertas.

Pero la autoridad educacional ha decidido evitar ese desenlace, pues argumenta que ese cierre constituye un drama para las familias, los estudiantes y las comunidades educativas involucradas, e incluso podría vulnerar el derecho a la educación. Con todo, la verdadera tragedia es que niños que asisten a un colegio no aprenden y no tienen, por tanto, la posibilidad de desarrollar una vida plena. Los desempeños escolares en Chile exhiben una enorme heterogeneidad, incluso después de corregirse por el capital cultural de las familias de los alumnos, y las diferencias no pueden ser explicadas por prácticas de selección o discriminación arbitrarias. Esto es cierto para planteles municipales y particulares subvencionados, y en este último caso una igual conclusión se repite para aquellos que han tenido fines de lucro como para aquellos sin fines de lucro.

Con el objetivo de abordar el problema de los malos desempeños sostenidos en el tiempo se estableció la idea de dar un plazo razonable a esos colegios para mejorar, pero que si ello no ocurre -atendiendo al interés superior de los estudiantes- los alumnos se deben poder matricular en otros establecimientos. La oferta educacional hoy día es amplia, por lo que ese cambio de colegio no debiera ser un problema. Y en caso de que no exista oferta pública, la ley contempla otra salida.

Impedir el cierre de colegios con malos resultados educativos puede ser un grave daño para los estudiantes y sus familias, y es difícil pensar que el Ministerio de Educación no esté consciente de eso. Quizás hay un cuestionamiento implícito a que la clasificación de los establecimientos escolares considere en una proporción elevada (dos tercios) los resultados estandarizados de aprendizaje. Hay quienes piensan que esas mediciones tienen un sesgo reduccionista. Pero es difícil pensar que pueda existir una experiencia educacional interesante ahí donde los aprendizajes son tan reducidos que, aun después de controlar por nivel socioeconómico, se obtiene un nivel insuficiente. Cabe esperar que el Ministerio de Educación reflexione y no promueva una política que atente contra la calidad y equidad de la educación. La experiencia muestra que, incluso en ambientes vulnerables, los desempeños educativos de los planteles escolares pueden ser satisfactorios. No hay razones para renunciar a ese propósito, permitiendo que colegios con malos resultados se mantengan funcionando.