Muy rezagadas aparecen las universidades latinoamericanas, incluidas las chilenas, en el último ranking internacional Times Higher Education (THE). Entre las primeras doscientas no hay ninguna de América Latina. Dos países interesantes de observar son Holanda y Australia, que instalan 13 y 8 universidades, respectivamente, entre las primeras 200. La primera universidad de nuestra región es la Universidad de Sao Paulo, en la posición 250-300. Las primeras universidades chilenas aparecen entre los lugares 500 y 600; ellas son la Diego Portales, la Federico Santa María y la Católica de Santiago.

El ranking tiene elementos sorpresivos y en su confección se usaron trece indicadores, que incluyen reputación en docencia y también en investigación (13 y 18% de ponderación, respectivamente), información que fue recogida a través de encuestas. Otros factores relevantes son la proporción de académicos con grado de doctor, la productividad de la investigación y, sobre todo, las citaciones, que ponderan un 30 por ciento. Este factor explicaría el orden de aparición de las universidades chilenas, porque fue normalizado para reflejar las variaciones en el nivel de citas por áreas de investigación.

Pero más allá de estas consideraciones, el antecedente más preocupante es el retraso antes observado. Ello obedece, en parte, al gran avance que están experimentado las universidades asiáticas y también las europeas, que en las últimas dos décadas han hecho transformaciones profundas en sus estructuras y en los modos de financiamiento que han elevado sus niveles de investigación y de pertinencia de sus programas de formación universitaria. Un dinamismo similar no se observa, salvo algunas excepciones, en nuestra región. Chile, por su parte, se ha embarcado en una discusión que no ayuda a promover un sistema universitario de calidad que contribuya al progreso del país.

La reforma de educación superior no se hace cargo de cómo proyectar el sistema universitario. Así por ejemplo, el apoyo a la investigación, tan indispensable en la actualidad, va a estar muy hipotecado por una iniciativa que aspira a reemplazar gasto privado por gasto público, en lugar de alcanzar un equilibrio razonable entre ambos desembolsos, como han hecho precisamente Australia y Holanda. El marco regulatorio para la educación superior se ha entendido como una celosa y exagerada supervisión de las instituciones que restringe sus espacios de libertad y que incluso puede inhibir la innovación. La propuesta que se busca legislar no tiene mucha equivalencia en los países que muestran un interesante dinamismo en esta dimensión. En esas experiencias, el foco más bien apunta a asegurar la calidad de las instituciones y, en algunos casos, a definir garantías que permitan que, en caso de que ellas sean disueltas, los estudiantes tengan la posibilidad de continuar sus estudios sin problemas. Adicionalmente, muestran gran preocupación en lograr una formación más pertinente de las personas que ingresan a las aulas universitarias. Así, en Asia, Estados Unidos y Europa los programas universitarios han sido y siguen siendo rediseñados. El primer grado se obtiene luego de tres o cuatro años de haber ingresado a ellos. Las alternativas de estudio y especialización que se abren luego de este primer grado son diversas. Sobre esto, los avances en Chile son inexistentes. Los programas son largos y muy especializados, lo que tiende a cerrar las opciones de los jóvenes muy temprano, más que a abrirlas.

En suma, el mundo universitario está avanzando a una velocidad que ni América Latina ni Chile son capaces de alcanzar. La agenda de reformas en nuestro país no puede seguir desatendiendo esta realidad.