El sistema de concesiones está suficientemente maduro como para que numerosas obras ya hayan sido licitadas por segunda vez. Es el caso del túnel El Melón, el camino Nogales-Puchuncaví, el aeropuerto de Santiago y el de Concepción. El aeropuerto Diego Aracena de Iquique llega al extremo de estar en cuarto proceso de licitación. Esta situación ha planteado la duda entre los congresistas acerca de si no debiera el Estado poner esa infraestructura a disposición de los usuarios sin seguir cobrándoles, pues su construcción ya fue financiada. Esta medida permitiría, por ejemplo, eliminar los peajes en aquellas carreteras que terminan su plazo de concesión.

Sin embargo, hay razones para avanzar en esa dirección. Por de pronto, en muchos casos el aumento de tráfico requiere que la obra sea ampliada, y es natural que eso se haga vía un concesionario que se encargue de la construcción, operación y mantención de la ruta ampliada, a cambio de los ingresos del peaje. Este esquema permite asegurar el mantenimiento del proyecto en mejores condiciones del que acostumbra el Estado. Además, los costos de operación y mantención de la vía los pagan los usuarios de esta, y no el conjunto de la sociedad.

Por otra parte, eliminar los peajes de los proyectos a reconcesionar significa abandonar la idea de crear un fondo de Infraestructura. Los recursos del fondo provienen precisamente de las rentas que genera el proyecto; es decir, el valor descontado de los peajes futuros menos los costos que tendrá la nueva concesión. Impulsar simultáneamente la creación de ese fondo y la liberación de los peajes de las obras cuya concesión concluyó es incongruente.

Asimismo, las carreteras gratuitas representan un subsidio de la sociedad al transporte vial de pasajeros y carga, pues los usuarios no se hacen cargo de los costos de mantenimiento de la carretera. Esto deja en desventaja a los ferrocarriles, que deben costear su propia infraestructura. El deseo de eliminar los peajes y al mismo tiempo impulsar el desarrollo ferroviario, sea de carga o pasajeros, también es inconsistente.

Es clave mirar en su conjunto las políticas de transporte y de desarrollo de infraestructura vial, para procurar su potenciamiento y sinergia, y evitar sus inconsistencias y efectos no deseados.

En general, la sociedad mantiene una opinión favorable hacia las concesiones viales, lo que es valioso para el sistema. Han sido un instrumento eficaz para mejorar la calidad de la infraestructura nacional. Se debe aprovechar el impulso y darle continuidad a la política de concesiones, lo que requiere que al finalizar el Gobierno exista una cartera de proyectos en condiciones de ser licitados al comienzo del próximo mandato presidencial. Esto requiere destinar recursos a estudiar proyectos, y hacerlo de manera prolija, para evitar que los errores y defectos se traduzcan en renegociaciones directas de las autoridades y los concesionarios, algo que invariablemente acarrea altos costos y deteriora la credibilidad del sistema.