Aunque el cierre de Punta Peuco formaba parte del programa del Gobierno, se pensó que el complejo desempeño general de esta administración y el esquivo apoyo ciudadano habrían llevado a posponer esta medida de especial significación para algunos sectores del oficialismo.

Sin embargo, esta semana trascendió que el Gobierno estudia el cierre de dicho penal y que el anuncio estaría programado, en principio, para el simbólico mes de septiembre. En un escenario electoralmente complejo para el oficialismo, hay sectores que apuestan a que recordar el quiebre democrático y su secuela de 17 años de régimen militar permitiría restablecer antiguas lealtades que alguna vez cohesionaron a importantes sectores políticos.

Con todo, el ministro de Justicia ha puesto pausa en el tema. Las condiciones de precariedad y hacinamiento de nuestro sistema carcelario son suficientemente conocidas como para reducir aún más los centros de reclusión mientras la población penitenciaria continúa incrementándose. A esto se añaden al menos dos situaciones complejas que afectan a un grupo significativo de presos, y una tercera, que incide específicamente en los reclusos del penal cuyo cierre se estaría estudiando. Esta última dice relación con la condición de ex uniformados y con la clase de delitos por los que estas personas se encuentran cumpliendo condena.

Atendidas las limitadas capacidades de Gendarmería para supervisar lo que ocurre al interior de los penales, enviar a estos reclusos a las cárceles comunes podría implicar poner en serio peligro su integridad, y eso es algo que el Estado no puede hacer, pues los funcionarios correspondientes son responsables incluso penalmente de la integridad física de los reclusos.

Las otras dos situaciones tienen alcance general, aunque inciden también intensamente en buena parte de los recluidos en Punta Peuco: la avanzada edad y el padecimiento de enfermedades graves e incurables, algunas de las cuales afectan sus facultades mentales. Existe suficiente evidencia en cuanto a que el hecho de estar esperando la muerte en prisión puede tener un efecto devastador en el bienestar mental de los reclusos, efecto que se intensifica aún más en aquellos que ya presentan alguna patología. Por eso, el Manual de Reclusos con Necesidades Especiales de la ONU señala que mantener el encierro en tales circunstancias constituye "un castigo desproporcionadamente severo". El sistema penal debe contemplar medidas acordes con estas situaciones, permitiendo a partir de cierta edad, y ante enfermedades graves e incurables, que las condenas se cumplan en un lugar distinto del recinto penitenciario.

Estas medidas deben operar con independencia de los delitos por los que el interno haya sido condenado, pues la cuantía de la pena impuesta ya tuvo en cuenta la gravedad de los delitos cometidos, mientras que el examen de proporcionalidad para la mitigación de la condena solo se refiere a una situación sobreviniente de enfermedad en la ancianidad, por un lado, y al cumplimiento de los fines de la pena, por el otro.

Sería lamentable que los temas penitenciarios se sumaran a ese conjunto de iniciativas apresuradas que los gobiernos salientes suelen impulsar en los últimos meses de su gestión. Este fenómeno se está advirtiendo con fuerza en la actual administración, y demanda que los parlamentarios y los funcionarios de alto rango actúen con particular responsabilidad, para evitar políticas erróneas de alto costo personal y social. En lo que aquí respecta, la subsistencia del penal de Punta Peuco y el régimen de quienes se encuentran en él deben abordarse en el marco de una política de alcance más general que al menos se haga cargo del hacinamiento en el sistema penitenciario y de la situación carcelaria de las personas ancianas o que padecen enfermedades graves e incurables.