La gira del Vicepresidente de Estados Unidos está teniendo lugar en un momento en que la situación de Venezuela se agrava y en que los latinoamericanos tienen una visión cada vez más crítica del régimen de Maduro. No es extraño, por tanto, que la discusión de este asunto sea un tema obligado de la agenda que Mike Pence aspira a tratar con los países que está visitando.

Frente a ello, lo primero que habría que sugerir es lo que no se debe hacer. De partida, declaraciones como las de Trump de que no descarta una intervención militar en Venezuela. Eso, más que una política, es -por calificarlo de manera benévola- una insensatez que ofende profundamente a los latinoamericanos y que cubre de ridículo al gobierno de Estados Unidos. Absurdas, además, porque esa retórica contradice su propio objeto, pues en vez de debilitar a Maduro, lo fortalece.

En otro plano, es probable que el gobierno de EE.UU. intente otro error. Me refiero a la idea de aplicar severas sanciones económicas al régimen venezolano. La economía venezolana hoy está en una crisis cuya magnitud es imposible de exagerar. La inflación, para este año, se calcula entre 1.000 y 1.200 por ciento anual. El dólar negro es 1.000 veces más caro que el dólar oficial, lo que en un país con un control cambiario abre elefantiásicas oportunidades a la corrupción. El PIB en los últimos cuatro años ha caído 35% y el ingreso per cápita es hoy el que los venezolanos tenían en los años 50.

De esta catástrofe, el régimen de Chávez-Maduro no tiene a quién culpar, salvo a sí mismo, a su ideologismo, su ineficacia, su corrupción. Las relaciones económicas con EE.UU., que básicamente son petróleo, no han sido cuestionadas ni por los gobiernos venezolanos ni norteamericanos. A diferencia de lo ocurrido con la Revolución Cubana, aquí no ha habido embargos, y cuando hubo expropiaciones, ellas se manejaron como asuntos entre empresas y no como conflictos de Estado.

En la base de este colapso está la destrucción por el chavismo de la industria del petróleo. Es difícil encontrar un caso similar de aniquilamiento de la principal riqueza de un país hecho por un gobierno que no estuvo sometido ni a una guerra exterior o civil, ni devastado por un enorme desastre natural. Los datos son lapidarios. La producción de petróleo ha caído de 3,4 a 2 millones de barriles diarios entre 1998 y junio de este año. Como en ese mismo período el consumo interno de petróleo aumentó y, sobre todo, como existe una red de corrupción que contrabandea miles de millones de dólares de gasolina hacia Colombia, los saldos exportables del país cayeron de 3,1 millones a 1,55 millones de barriles; vale decir, si en 1998 Venezuela podía exportar diez unidades, en 2017 apenas puede exportar cinco. En la desesperada situación económica que se encuentra, las pocas, si no la única, ayudas externas que podría encontrar Maduro serían unas sanciones económicas que le permitieran imputar parte de la crisis a "la guerra económica que ha desatado el Imperio".

Es cierto que la sola presión internacional no basta para dar una salida a la situación venezolana, pero tampoco debe ser desestimada. Es mucho lo que se puede hacer. De partida, continuar con el creciente aislamiento internacional del régimen en lo que ya ha avanzado el Mercosur y la declaración de los 12 países suscrita hace una semana en Lima. Una colaboración diplomática más estrecha con la Unión Europea es vital. El gobierno de EE.UU., por su parte, en vez de declaraciones destempladas, debiera contribuir a desatar la dependencia del petróleo venezolano que tienen pequeñas naciones caribeñas que han vetado, en la OEA, la aplicación de la Carta Democrática. Las sanciones personalizadas en contra de los dirigentes corruptos es otra medida que debe ser intensificada, no solo en el número de sujetos que deben ser denunciados, sino que también en la entrega de información que permita conocer la magnitud del robo que comete la camarilla dirigente y la "boliburguesía". EE.UU. y la Unión Europea deben asociarse para que sus sistemas bancarios entreguen la mayor información posible sobre las fortunas amasadas por los corruptos, de modo que no haya paraíso alguno para esconder sus riquezas mal habidas. Y hay más.

Pero para ser completamente claros, ninguna presión sobre el régimen venezolano tendrá pleno efecto si no precisa cuál es la salida a que ella apunta, que no es otra que una transición hacia una democracia, lo que significa un acuerdo pactado -explícita o implícitamente- para garantizar iguales libertades y derechos a ambas partes. En una Venezuela democrática tiene que haber un lugar bajo el sol para la Mesa de Unidad y para el "chavismo". Y en este sentido, declaraciones incendiarias, como las de Trump, no ayudan, sino que ahondan las dificultades.

Genaro Arriagada Herrera
Ex embajador en Estados Unidos