Los números hablan claro, más allá de cómo algunos intenten acicalarlos. El gobierno de la Nueva Mayoría ha aumentado la deuda pública en cerca de US$ 30.000 millones. Hacia fines de 2017 esta deuda (bruta) habrá pasado los US$ 60.000 millones, del orden de 25% del PIB. El balance fiscal ha pasado desde un superávit promedio de 0,2% del PIB en 2010-2013 a un déficit del orden de 2,4% en 2014-2017. De hecho, el déficit fiscal ha aumentado consistentemente desde 1,6% del PIB en 2014 a un 3,1% proyectado este año. Esto equivale a cerca de US$ 8.000 millones en 2017, que deben salir a financiarse a los mercados, aumentando la deuda pública en un monto similar.Los números hablan claro, más allá de cómo algunos intenten acicalarlos. El gobierno de la Nueva Mayoría ha aumentado la deuda pública en cerca de US$ 30.000 millones. Hacia fines de 2017 esta deuda (bruta) habrá pasado los US$ 60.000 millones, del orden de 25% del PIB. El balance fiscal ha pasado desde un superávit promedio de 0,2% del PIB en 2010-2013 a un déficit del orden de 2,4% en 2014-2017. De hecho, el déficit fiscal ha aumentado consistentemente desde 1,6% del PIB en 2014 a un 3,1% proyectado este año. Esto equivale a cerca de US$ 8.000 millones en 2017, que deben salir a financiarse a los mercados, aumentando la deuda pública en un monto similar.Los números hablan claro, más allá de cómo algunos intenten acicalarlos. El gobierno de la Nueva Mayoría ha aumentado la deuda pública en cerca de US$ 30.000 millones. Hacia fines de 2017 esta deuda (bruta) habrá pasado los US$ 60.000 millones, del orden de 25% del PIB. El balance fiscal ha pasado desde un superávit promedio de 0,2% del PIB en 2010-2013 a un déficit del orden de 2,4% en 2014-2017. De hecho, el déficit fiscal ha aumentado consistentemente desde 1,6% del PIB en 2014 a un 3,1% proyectado este año. Esto equivale a cerca de US$ 8.000 millones en 2017, que deben salir a financiarse a los mercados, aumentando la deuda pública en un monto similar.

Es cierto que el precio del cobre ha caído, lo que deteriora los ingresos fiscales. Pero esta es solo una parte del problema y ni siquiera la más importante. El grueso viene, por una parte, de la histórica irresponsabilidad fiscal de incrementar el gasto público en casi 7% anual en 2014-2015, que se ha moderado algo en 2016-17. A pesar de ello, este gasto crecerá en promedio sobre 5% en términos reales durante la actual administración, frente a una economía que se habrá expandido en torno a 1,8% anual. Esto es, el gasto público crecerá casi el triple que el PIB, lo que contrasta fuertemente con lo ocurrido durante el gobierno anterior, cuando la economía creció más que el gasto público, abriendo así un espacio al sector privado, del que depende del orden del 80% del producto. ¿Por qué es esto irresponsable? Porque frente a un escenario de debilitamiento significativo en el precio del cobre, lo técnica y socialmente recomendable era moderar la expansión del gasto público y no dispararla.

La otra parte del problema es el frenazo económico. La caída de crecimiento es de 3,5 puntos anuales en los últimos cuatro años, desde 5,3% a 1,8%. El propio Fondo Monetario Internacional reconoce que para una economía como la chilena la desaceleración por efecto del ciclo externo debería haber sido del orden de un punto anual; el resto de la caída, entonces, es made in Chile. Y dos puntos de menor crecimiento anual autoinducidos por las reformas, la incertidumbre y el clima de desconfianza nos han costado del orden de US$ 12.000 millones de menores ingresos fiscales en estos últimos cuatro años. Esto no puede dejar de calificarse sino como un tremendo e irresponsable autogol.

Pero el frenazo no solo afecta al crecimiento efectivo. Resulta verdaderamente lamentable que el crecimiento potencial (esto es, lo que nuestra economía puede expandirse consistentemente sin generar desequilibrios) haya caído casi dos puntos, desde 4,8% a fines de 2013, a 3% o menos hoy. Esto es prueba evidente del mal manejo económico y -dada nuestra regla fiscal- afecta la posibilidad de gasto futuro.

Agreguemos a lo anterior que los gastos públicos comprometidos a octubre de 2016 ya eran mayores a los necesarios para hacer cumplir la regla fiscal, según confesó el propio Informe de Finanzas Públicas (IFP) presentado por las actuales autoridades económicas. Y eso no incluye los compromisos adquiridos con posterioridad a esa fecha, los que deben ser incorporados en el IFP de octubre de este año. Pero además el actual gobierno está intentando dejar comprometidos recursos eventuales futuros (si se dan determinadas condiciones económicas) para iniciativas tan onerosas y controvertidas como la extensión de la gratuidad del 50% al 100%. Esto resulta inédito y es muy preocupante.

El deterioro fiscal y el frenazo económico ya han tenido lamentables consecuencias en la reciente rebaja de la clasificación de riesgo país por parte de Standard & Poor's. Fuerte contraste con lo ocurrido entre 2010 y 2013, cuando Chile mejoró su clasificación de riesgo todos los años por alguna de las principales clasificadoras del mundo (S&P, Moody's, Fitch y DBRS).

Independiente de quién gane las elecciones presidenciales, el próximo gobierno partirá hipotecado por los compromisos de gasto ya adquiridos, por la mochila de una pesada deuda fiscal y por el legado de un conjunto de reformas que contienen gruesas deficiencias. Una inmensa carga. Difícil, pero no imposible de alivianar. Hacerlo es un desafío país. No una tarea para las retroexcavadoras, sino para acuerdos amplios y mejores políticas públicas.

Felipe Larraín B.
Ex ministro de Hacienda