Un aumento en el número de titulados en los centros de educación superior del país se produjo en el año 2016, superando los 228 mil jóvenes que terminaron con éxito sus estudios. De estos, unos 30 mil completaron sus estudios universitarios de posgrado o de postítulo, en tanto cerca de 90 mil coronaron su preparación profesional en alguna universidad. A estos jóvenes universitarios deben sumarse los 73 mil que terminaron sus estudios en algún instituto profesional (IP) y los más de 33 mil que lo hicieron en un centro de formación técnica (CFT). En los últimos cuatro años han aumentado en cerca de un impresionante 50 por ciento los estudiantes que logran terminar sus carreras y recibirse.

Las tendencias en las matrículas de los distintos tipos de instituciones son reveladoras, puesto que en los últimos años se ha producido un incremento sustancial de alumnos, en especial en los IP, que han visto triplicarse el número desde el año 2005 hasta ahora. En los CFT casi se han duplicado los estudiantes, en tanto en las universidades el aumento en la matrícula ha sido superior al 40 por ciento. No obstante, en el último año se ha observado un cambio que podría ser el comienzo de una nueva tendencia: se ha producido una notoria disminución de los alumnos en la educación superior y ello se explica básicamente por una reducción en la matrícula en los IP, que perdieron 8 mil alumnos de un año a otro, en tanto las universidades siguen aumentando a un ritmo menor, cercano al 1 por ciento. Desde el año 2011 que el crecimiento venía disminuyendo su ritmo, y ahora, por primera vez, se registra una reducción.

Es llamativo que sean los IP los que más contribuyan a este fenómeno, puesto que Chile ha sido conocido por preparar más profesionales que técnicos, lo que parece algo paradójico si se considera el mercado del trabajo, que naturalmente requiere muchos más técnicos que profesionales. Es posible que la disminución global de estudiantes se deba a la reducción de los nacimientos que comenzó a observarse en Chile hace unos 20 años, lo que naturalmente trae como consecuencia cohortes de estudiantes cada vez menores. Si se considera el porcentaje de cobertura de los estudios superiores, en Chile alcanza al 87 por ciento de los jóvenes en edad de cursarlos, muy por encima del promedio de la OCDE, que solo llega al 68 por ciento. En un reciente informe del Times Higher Education se afirmaba que en Chile el número de universidades en el ranking mundial era mayor por número de jóvenes de entre 15 y 19 años que en el Reino Unido, lo que refleja las oportunidades que el país ofrece.

Con este panorama, resulta inquietante la propuesta del Gobierno que viene a subvertir en forma radical la educación superior en Chile. El nuevo financiamiento estatal, con la consiguiente gratuidad universal, fue una propuesta de los jóvenes que protestaban sin tener experiencia relevante en administrar universidades; no obstante, logró convencer -por otras razones- a los políticos de la Nueva Mayoría. La propia Presidenta al regresar a Chile se manifestó contraria a la idea de llevar adelante esa proposición, pero luego cambió de idea y ha defendido con fuerza el nuevo sistema de financiamiento. Pero la ley sobre educación superior abarca muchas otras áreas y crea múltiples agencias, dejando la mayor parte de las decisiones clave en manos del Ministerio de Educación. Para complicar aún más las cosas en un campo que progresaba causando asombro en muchos otros países, los parlamentarios no se han mostrado capaces de realizar un debate sereno sobre el tema. Con un ritmo febril se ha resuelto sacar adelante la reforma, lo que posiblemente signifique detener la positiva evolución del sistema nacional de educación superior.