Como se sabe, en las próximas elecciones parlamentarias de noviembre comenzará a regir la reforma al sistema electoral. Junto con reemplazar el binominal por un sistema "proporcional inclusivo", entre sus principales cambios también se contempla el aumento del número de parlamentarios, pasando de 38 a 50 en el caso del Senado, y de 120 a 155 en la Cámara. A ello se suma la Ley de Cuotas, que establece un límite de 60 por ciento para los candidatos hombres o mujeres inscritos por los partidos políticos, promoviendo de este modo que la cantidad de parlamentarias mujeres se eleve del 16 por ciento actual. Pero, sean más o menos los parlamentarios, o sean hombres o mujeres, lo decisivo sigue siendo su preparación, experiencias y capacidades para aportar a un proceso legislativo y de representación de calidad. ¿Qué se puede decir al respecto de los candidatos que se presentarán a elección este año?

Muchos de quienes se postulan al Senado provienen de la Cámara. Es el caso, por ejemplo, de Fuad Chahín, Gustavo Hasbún, José Manuel Edwards, Germán Becker y Fernando Meza. Todos ellos pueden argüir a su favor al menos cuatro años de experiencia parlamentaria, lo que sin duda es un antecedente importante. Pero no todos se postulan por la región donde han ejercido su representación como diputados, lo que puede desfavorecer una votación que evalúe el desempeño del parlamentario, al menos en aquellos temas que preocupan a una determinada región

Distinto es el caso de los aspirantes sin esa experiencia legislativa. Uno de ellos, Jorge Soria, exhibe una larga -y no exenta de polémicas incluso judiciales- carrera en la administración pública como alcalde de Iquique. El PPD lo habría agregado a su lista parlamentaria -pese a que "ha estado vinculado a tres partidos distintos y ha creado otros dos"-, pero cuenta con un arrastre como caudillo local que lo coloca en una situación muy expectante para alcanzar el Senado. Ese arraigo es una fortaleza que la política está obligada a considerar para todos sus candidatos, pero que no asegura que ellos fortalezcan el proceso legislativo, y los partidos deben asumir la responsabilidad que les cabe en la selección de esos aspirantes.

Por otra parte, cuando un parlamentario se ha destacado en el ejercicio de sus funciones, solo cabe esperar que persevere en ellas. De lo contrario, surge una nueva preocupación por la calidad del futuro Congreso. Lamentablemente, dependiendo de las expectativas de los distintos conglomerados de alcanzar el Poder Ejecutivo, esa retención se puede ver debilitada. Es lo que estaría sucediendo con algunos diputados de trayectoria y probada capacidad de Chile Vamos, que estarían legítimamente evaluando abandonar su carrera legislativa para preferir un eventual cargo ministerial en un también eventual gobierno de su conglomerado.

Con todo, un buen gobierno no depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, sino que también requiere un buen Poder Legislativo. De hecho, la vocación política más profunda parece expresarse mejor en el ámbito legislativo que en la administración. El último gobierno de centroderecha se tradujo en su momento en un profundo debilitamiento de su representación en el Senado y sus consecuencias son difíciles de precisar para todo lo que aconteció posteriormente.

De algún modo, al decidirse ampliar los escaños del Congreso debió estimarse la capacidad de concitar a las personas con talento dispuestas a optar a esos cargos. Y lo que se está observando hasta ahora es que, como ya venía ocurriendo en elecciones anteriores, a los partidos se les está haciendo muy difícil atraer -y en algunos casos retener- a personas que aportan valor a la tarea legislativa. La calidad de nuestra democracia y el prestigio del Congreso se juegan en gran medida en ese proceso.