Uno de los aspectos que más sorprenden de la pesca en Chile es que después de décadas de cuotas globales de captura, aún no aumente la masa pesquera. Las leyes incluyen cuotas globales de pesca desde la década de los 90, y si estas se respetaran, deberíamos tener masas biológicas que permitan una situación de extracción eficiente del recurso. El caso de la merluza común, otrora abundante, es aleccionador: el tamaño de la merluza que se vende para consumo es pequeño en relación con las dimensiones del pasado, pese a lo cual es una especie que no ha podido recuperarse.

La razón de esto es posible hallarla en las recientes declaraciones de Sernapesca respecto de que la pesca ilegal de algunas especies cuadruplica lo establecido en las cuotas globales anuales de la especie. Un problema que se arrastra hace varios gobiernos. Las pesquerías más afectadas por esta situación son las de sardina y merluza entre el Maule y el Biobío.

La legislación anterior a la Ley de Pesca de 2013 tenía la dificultad de que la decisión sobre las cuotas de captura era influida por los actores del sector, mediante presiones políticas y manifestaciones en la zona sur (usualmente en lugares cercanos a sitios donde hay más pesca ilegal). Las cuotas resultantes eran superiores a lo que la biología aconsejaba. La nueva ley traspasó esta decisión a instancias técnicas especializadas, lo que en principio podría redundar en cuotas más apropiadas, sin perjuicio de las protestas de los grupos interesados en esas zonas.

Todo indica que la extracción ilegal se da fundamentalmente entre los pescadores semiartesanales, sin perjuicio de que pueda haber algunos operadores industriales. Las naves de esta última categoría tienen seguimiento satelital, a menudo llevan observadores de Sernapesca y deben descargar en los puertos, siendo supervisados por ese servicio, lo que dificulta que puedan exceder sus cuotas. Nada de eso ocurre con los semiartesanales, que pueden desembarcar pesca en lugares aislados o mediante mangas que transportan la pesca a los procesadores sin supervisión. Además, los semiartesanales se oponen a los sistemas de seguimiento.

Esta pesca ilegal la compran dos grupos: intermediarios, que la distribuyen para venta en ferias y comercio informal en el caso de la merluza, y procesadores de harina de pescado, que la compran para transformarla en ese producto. En 2015, por ejemplo, se descubrieron más de siete mil toneladas de harina de pescado no declaradas, las que corresponden a 40.000 toneladas de pesca ilegal.

Mientras el Estado -a través de Sernapesca- no logre desarrollar una fiscalización eficiente, con recursos e instrumentos acordes con esas tareas y resistiendo la presión de los grupos organizados que participan de esa actividad, es difícil que la política de cuotas de captura incida en la recuperación de la masa pesquera y fortalezca el potencial generador de riqueza de esta industria.