Contrario a lo que se pensaba hace algunas décadas y a lo que algunas visiones ideológicas todavía sostienen, el comportamiento delictivo no tiene su origen en la pobreza o en la desigualdad de un país. La experiencia reciente en América Latina, donde los delitos aumentan a pesar de mejoras en la igualdad de ingresos, desmiente lo segundo, y, sobre lo primero, se ha establecido empíricamente, en el caso de Chile hace más de una década, que siendo la pobreza muchas veces una suerte de telón de fondo de lo que ocurre, es la interacción con ciertos "factores de riesgo" individuales, familiares y sociales lo que incrementa sustancialmente la probabilidad de que un niño o joven ingrese a una senda delictiva. Por otra parte, en el mundo desarrollado existen decenas de programas exitosos en lograr reducir dichos factores y los comportamientos de riesgo asociados. Así, la intervención temprana y focalizada es la mejor alternativa para reducir la criminalidad que aqueja a un país.

Lamentablemente, un reciente estudio comparado y nacional dado a conocer por las fundaciones Paz Ciudadana y San Carlos de Maipo da cuenta de la distancia abismal que existe entre lo que hay que hacer, por una parte, y lo que actualmente se hace en Chile, por otra. Sabido es que se destina a lo más uno de cada 10 pesos del gasto en seguridad a la prevención, pero en el caso particular de los menores de 14 años que delinquen, es decir, niños inimputables, la respuesta del Estado es, prácticamente, nula. En primer lugar, Chile no contempla una normativa específica destinada a regular la forma de detectar, derivar e intervenir a menores inimputables que realicen conductas delictivas. En segundo lugar, hay severos problemas en la detección de casos y en los procesos de derivación de los mismos, además de una oferta programática en general deficiente en calidad, ya que los programas financiados por el Servicio Nacional de Menores no cuentan con la especialización necesaria o la cobertura requerida.

Sobre la base de estas experiencias y una revisión sistemática de 515 estudios sobre programas evaluados en el mundo, el referido informe recomienda una parrilla programática básica que debiese instalarse en Chile para recibir a los menores en conflicto con la justicia.

Se trata de propuestas concretas y basadas en evidencia que debiesen ser la base para un plan robusto de ampliación del monto y la calidad de lo que como país hacemos en materia de prevención delictiva. Ese es un paso clave para que el Estado cumpla con su obligación moral de focalizar su atención para revertir a tiempo sendas vitales que todos los que conocen a estos niños saben que generarán vidas truncadas y un gran sufrimiento a ellos mismos, a sus familias y a sus futuras víctimas.