Señor Director:

Gran revuelo han causado entre los artistas nacionales los $162 millones pagados por la SCD a su presidente por concepto de derechos conexos. Muchos connotados artistas, para los cuales esa cifra no tendría una explicación plausible, han expresado públicamente su molestia. Seguramente quienes dirigen dicha entidad tendrán sus razones, que no me corresponde juzgar.

La experiencia internacional, en los casos de corrupción detectados por las autoridades competentes, han terminado en condenas incluso penales respecto de la entidad de gestión colectiva española SGAE, o en la intervención de la entidad de gestión paraguaya, por citar el escándalo más reciente en países latinoamericanos.

Esto demuestra que no basta un informe de auditores externos para garantizar el buen manejo de los fondos que todos los usuarios pagamos por intermedio de la SCD a los artistas por el uso de sus obras. O que atendidas las asimetrías de información, los propios artistas cuyos fondos están siendo administrados por la entidad de gestión no pueden detectar por sí solos las irregularidades.

Por ello parece fundamental que en Chile se pongan en marcha mecanismos de supervisión similares a los de países desarrollados como Suiza o Alemania, en que se reconoce que los fondos que administran las entidades de gestión colectiva son dineros de terceros y deben ser objeto de especial interés público y no como en el pasado, que denuncias que han trascendido sobre fondos no rendidos o confusos pagos de indemnizaciones millonarias a ex funcionarios de la SCD, han sido indiferentes para la autoridad.

El Ministerio de Educación, en virtud del artículo 96 de la Ley 17.336, está llamado a amonestar e incluso revocar la autorización de una sociedad de gestión colectiva en casos de incumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias, por lo que, ante esta última denuncia, debiera, a diferencia del pasado, iniciar a lo menos un sumario que aporte luces de lo ocurrido y verifique que los mecanismos que se aplican para la distribución de los fondos son justos y transparentes, corrigiendo las prácticas que lo requieran.

Es de esperar que este nuevo episodio, al igual como ha ocurrido en otros países, provoque la necesaria modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, sin perjuicio de la investigación externa que los organismos públicos competentes debieran ejercer.

Luis Pardo Sáinz
Ex presidente de Archi