Señor Director:

Dentro de la propuesta del ex Presidente Piñera para modernizar Carabineros, se menciona elevar el Sistema Táctico de Análisis del Delito (STAD) a la categoría de ley y que sus planes estratégicos sean aprobados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, apoyados (controlados) por un consejo consultivo externo a la institución, que acompañe su formulación y monitoreo.

Estas propuestas implicarían una grave intervención de Carabineros, lo que revestiría un vicio de inconstitucionalidad, al imponerle a esta institución un modo de desarrollar sus funciones operativas, violando así su independencia y libertad para fijar los servicios policiales, según lo consagra el artículo 3 de su Ley Orgánica Constitucional, quedando estos expuestos a los cambios de las políticas que imparta el gobierno de turno, lo cual transformaría a Carabineros en una policía de carácter político, no profesional. Asimismo, constituiría un resquicio para que un órgano del Estado se inmiscuya en las funciones de otro, lo cual está expresamente prohibido en el artículo 7 de la Constitución Política.

Debemos tener presente que Carabineros no es responsable de las causas que generan el delito, puesto que este tiene su origen en múltiples factores cuya solución es de responsabilidad de aquellos órganos a los que el Estado impone tal obligación. La inmensa mayoría de los chilenos no podemos comprender por qué quienes tienen el poder para eliminarlos o disminuirlos aún no enfrentan decididamente la solución de sus causas principales. Allí radica la problemática del delito y del delincuente, no en las Fuerzas de Orden y Seguridad. En consecuencia, quebrantar la autonomía de Carabineros significará introducir un germen de politización en dicha institución, que sin duda afectará su profesionalismo y la esencia que sustenta su eficacia, radicada principalmente en la disciplina militar de sus hombres, que le permite cumplir con independencia del poder político las importantes funciones que la Constitución y las leyes le imponen. Si se le siguen disminuyendo sus atribuciones, resulta evidente que no podrá cumplirlas a cabalidad.

Reynaldo Herrera Hald
Abogado