Venezuela: otro fracaso de la OEA

Frustrante ha sido el resultado de la 47.a Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). No fue posible formalizar un acuerdo a favor de la democracia venezolana. El fracaso se produjo no obstante que México, Perú, Estados Unidos y Canadá, líderes de otros catorce Estados, incluido Chile, se habían resignado a dejar de lado parte de sus objetivos iniciales, en gran medida coincidentes con los términos de la Carta Democrática, para plantear metas menos ambiciosas, que habrían podido ser apoyadas por un mayor número de países.

Así, el proyecto de declaración se limitaría a pedir la reconsideración por el gobierno del Presidente Maduro de su convocatoria a elecciones para designar una asamblea constituyente, planteándose asimismo la creación de un grupo de trabajo que acompañaría el diálogo a iniciarse entre el gobierno y la oposición. Asuntos prioritarios, como la liberación inmediata de los presos políticos y el no sometimiento de civiles a procesos ante tribunales militares, eran dejados en un segundo plano, a la espera de que pudieran tratarse en el citado grupo de trabajo.

El proyecto de declaración no llegó a ser sometido a votación por deserción de algunos gobiernos del Caribe que antes habían comprometido su voto.

Fuentes mexicanas acusan en particular a Grenada, Haití, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda y Surinam de alterar a último momento sus compromisos de votación, estimulados por el riesgo de perder los beneficios del programa PetroCaribe, el mecanismo por el cual Venezuela proporciona hidrocarburos a precios muy inferiores a los del mercado.

Lo ocurrido en la Asamblea General del máximo organismo hemisférico puede ser interpretado como otra frustración de los esfuerzos que el secretario general, Luis Almagro, ha realizado con miras a aplicar los mecanismos acordados por los mismos integrantes de la organización para preservar el sistema democrático entre sus adherentes.

La Representante Permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, parece haberlo entendido así, al lamentar la inoperancia de la OEA ante el caso de Venezuela y decir que este tendría que ser objeto de otro tipo de "acción internacional".

Es relativa la eficacia de una organización cuyos miembros se sienten en libertad de deshonrar intempestivamente las obligaciones asumidas, algunos dispuestos a transar sus votos por ventajas materiales. Lo sucedido resiente la legitimidad del principio de la igualdad jurídica de los Estados, ficción por la cual el voto de los países caribeños como Grenada, Dominica, Santa Lucía, Saint Kitts y San Vicente, que en conjunto no alcanzan al medio millón de habitantes, vale lo mismo que el de México, con más de cien millones, o el de Brasil, con doscientos millones.

BREXIT: TITUBEANTE COMIENZO DE LAS NEGOCIACIONES

Arrancaron finalmente las negociaciones del Brexit. A casi un año desde el referéndum a favor de la separación de la Unión Europea (UE), con un gobierno muy debilitado por la pérdida de la mayoría en el Parlamento y por el descrédito de la Primera Ministra Theresa May, el lunes pasado se organizaron los grupos de trabajo y el cronograma tentativo para negociar, en Bruselas, las futuras relaciones entre Gran Bretaña y la UE. Seguidamente, por intermedio del discurso de la reina Isabel II en Westminster, se anticipó el plan legislativo de los conservadores, concentrado en gran parte en la legislación doméstica, con el propósito de dar sustento jurídico a los acuerdos y ajustar sus derivaciones al plano interno.

Además de las formidables dificultades de alcanzar acuerdos en Bruselas, antes del 20 de noviembre de 2018, se presenta la inmensa tarea de legislar para reemplazar las regulaciones, servicios y la burocracia europea, por las británicas. La legislación y los nuevos servicios, antes provenientes de la UE, abarcan una infinidad de materias, entre otras, judiciales, migratorias, aduaneras, de transporte, agrícolas, sanitarias, de comercio y servicios. Ya se sabe que la oposición laborista, que se aprovechará de las divisiones internas entre conservadores, condicionará y hará sentir su peso en la aprobación de cada una de estas leyes, condicionándolas y restringiendo al máximo la delegación de su implementación en los ministros. La multiplicidad de legislaciones, los desencuentros parlamentarios y el escaso tiempo disponible, son serios obstáculos para concluir el divorcio británico de Europa, que de acordarse, requerirá extender las negociaciones, convenios provisorios y transiciones.

Intentando impulsar el proceso y para despejar uno de los puntos más controversiales, la Primera Ministra Theresa May manifestó su disposición de conceder a los tres millones de residentes europeos en Gran Bretaña la autorización de permanencia definitiva y los mismos derechos de los británicos. La propuesta fue parcialmente acogida, esperando precisiones, la más importante de las cuales es el reconocimiento y extensión del derecho a la reunificación familiar.

Aunque tanto el oficialismo conservador como la oposición laborista coinciden en respetar los resultados del referéndum, son enormes las discrepancias internas sobre los alcances del Brexit, sobre la autonomía que la UE está dispuesta a conceder a Gran Bretaña para compartir el mercado común y a la vez recuperar la soberanía británica en materias migratorias y su independencia de la Corte Europea de Justicia.

Cada vez aparecen más inconvenientes y costos para que Gran Bretaña pueda alcanzar una separación de la UE favorable a su pretensión inicial de mantener lazos comerciales privilegiados con Europa y recuperar la soberanía británica antes compartida con la UE.