Presentado hace unos días, el proyecto de reforma constitucional elaborado por los senadores Andrés Zaldívar (DC), Hernán Larraín (UDI), Andrés Allamand (RN), Felipe Harboe (PPD) y Carlos Montes (PS) es un aporte a la discusión política, al proporcionar algunas herramientas para lidiar con el creciente desafío de gobernabilidad que enfrentan los sistemas políticos, particularmente si, por efecto de un cambio del sistema electoral, las mayorías parlamentarias se avizoran más esquivas.

Como respuesta a esa inquietud, las modificaciones sugeridas por este grupo transversal de senadores se centran en fortalecer la vinculación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En su diagnóstico, las responsabilidades políticas del Congreso en la dirección del gobierno han ido mermando, en parte a causa del marcado presidencialismo de nuestro sistema político, haciendo falta una figura que ejerza una función de bisagra para aproximar y comprometer más profundamente las labores conjuntas de estas entidades.

Las dos medidas para remediar esta situación siguen el modelo de los sistemas semipresidenciales. La primera, que se apoya en la figura de un Primer Ministro, le atribuye al actual ministro del Interior la facultad de coordinar, por un lado, las labores de los otros secretarios de Estado a través de un consejo de ministros y, por otro, las relaciones del Gobierno con el Congreso. La segunda medida establece una mayor flexibilidad en el nombramiento de los ministros, permitiendo que cuando se elija para ese cargo a algún diputado o senador, este pueda ser reemplazado en el Congreso por otro ciudadano nombrado por el partido político del que forma parte, y una vez que cesen sus funciones como secretario de Estado, pueda retornar al ejercicio de su rol original.

Ingresado ya al Congreso, el proyecto de los senadores aporta propuestas concisas para conseguir de esta institución un mayor involucramiento y responsabilidad en las leyes impulsadas por el Gobierno, pero deja interrogantes sobre los efectos indeseables que esto podría ocasionar y sobre si se dota a nuestro sistema político de una capacidad adaptativa suficiente para poder sortear las crisis de gobernabilidad en el contexto de un diseño institucional presidencialista. También cabe reflexionar sobre el debilitamiento que ha sufrido el Congreso Nacional en los últimos años con la migración de parlamentarios para integrarse al gabinete ministerial y cuyos relevos aparecen de menor legitimidad democrática que los titulares. No es claro que reconocer ese flujo fortalezca nuestro régimen democrático.

A diferencia de lo que ocurre en el sistema semipresidencial francés, por ejemplo, en Chile las elecciones parlamentarias coinciden con las presidenciales, lo que le resta a nuestro sistema político el potencial de ajuste que existiría si dichas elecciones fueran durante el período presidencial. Por otro lado, con el nuevo sistema proporcional inclusivo surgirán muy probablemente varias fuerzas políticas pequeñas que, aliadas, pueden trabar la marcha de un gobierno.

Si bien es claro que un sistema presidencial tiene mayores dificultades para administrar esa realidad política fragmentada, no queda totalmente claro que la propuesta de los senadores aporte los incentivos suficientes para viabilizar una política de acuerdos en ese nuevo escenario, procurando la apertura de las distintas agrupaciones políticas al diálogo y la colaboración con miras al bien general del país. Alentar esta disposición al entendimiento, que no se escucha en las proclamas de los nuevos partidos de izquierda ni caracteriza suficientemente a nuestra tradición política, es un importante desafío pendiente.