El excesivo tiempo que toma obtener la aprobación ambiental de los proyectos de inversión está afectando negativamente los emprendimientos económicos en nuestro país.

Ya sea en su versión más liviana, la DIA -una declaración de impacto que responsabiliza al inversionista en caso de que los efectos del proyecto desdigan su promesa-, o en su versión compleja, la EIA -un estudio de impacto que establece cuáles son las medidas de mitigación exigibles al proyecto y entrega una resolución de aprobación ambiental para que este opere-, la dilación de la resolución aprobatoria impacta no solo por el atraso en la puesta en marcha de los proyectos, sino también porque esos extendidos plazos desalientan a los inversionistas a someterse del todo al proceso de aprobación local, especialmente si tienen opciones alternativas para realizar proyectos similares en otras latitudes.

No se trata de que los inversionistas no quieran mitigar el impacto de sus iniciativas, sino que la profusión de indicaciones que reciben de los servicios públicos luego de presentar su estudio es de tal cuantía que el tiempo transcurrido, las inversiones hechas, la utilización de valioso tiempo de ejecutivos y la incerteza jurídica en la que todo el proceso se mueve terminan por desalentarlos. Muchas de estas indicaciones escapan del ámbito de acción de las respectivas reparticiones, y a ellas también deben sumarse las que realiza el público, y luego, aun en el caso de recibir la respectiva resolución de aprobación ambiental, los inversionistas pueden verse enfrentados a juicios que ponen en entredicho dicha resolución.

El proceso de aprobación considera una serie de instancias formales, que además del análisis de los antecedentes presentados, incluye un período de consultas -a las autoridades, al público en general, a las comunidades ancestrales que en algún momento de la historia pudieron haber ocupado los terrenos donde el proyecto se ejecutará-, lo que, a continuación, da espacio para que se traslade el asunto en cualquier momento a instancias judiciales, sobre la base del incumplimiento de alguna formalidad, lo que paraliza el proceso. Eso es aprovechado por las agrupaciones que se oponen a los proyectos, las que en muchos casos abusan de esas instancias y complejizan la tramitación, encareciéndola, y minando la voluntad de los ejecutores de seguir adelante con ellos.

Lo que para algunos es una señal de que "las instituciones están funcionando", o bien que se trata de "conflictos entre particulares", está comenzando a tener profundas repercusiones en la cantidad de proyectos que se aprueban, en la cantidad que se presenta y en la inversión que el país ejecuta. Como un efecto cascada, la disminución de los montos invertidos se traduce en menos crecimiento y empleo, y, como consecuencia, en menos recaudación tributaria y menos capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos.

La importancia de los sistemas de evaluación ambiental está suficientemente internalizada en la comunidad de inversionistas del país. El mundo en general ha incorporado a sus instituciones el cautelar que las actividades que se emprendan sean sustentables, y que los impactos ambientales que se anticipen se mitiguen adecuadamente. No es una discrepancia respecto de ese principio lo que complica a los proyectos de inversión.

La complicación surge, como se ha dicho, de la excesiva extensión de los plazos de aprobación, de la incerteza jurídica de las resoluciones de aprobación ambiental entregadas y de la manipulación formalista y obstructiva que algunas reparticiones y organizaciones no gubernamentales hacen de esos procesos. Es hora de que la autoridad adopte una postura al respecto y que la ciudadanía conozca sus consecuencias, cualquiera sea la determinación que se tome.