Señor Director:
El
profesor Carlos Peña señala que el foro judiciario no debe ser el lugar para crear política pública. Mi punto es otro y lo sintetizo así: cuando la política pública se judicializa, ello muestra que se diseñó erradamente. Hay políticas públicas buenas y malas, pero es requisito de la buena política que haya una institucionalidad que asegure su cumplimiento.
Si el Parlamento formula una ley y el Ejecutivo no la cumple, o el Judicial no la fuerza, entonces falta una pata esencial para llamarla buena política pública. La rama Economía de las Instituciones (North, D. y O. Williamson, sus más conocidos exponentes) no restringe al Estado asegurar un entorno, una institucionalidad que garantice que la política pública se cumpla, pero en las sociedades democráticas modernas le damos al Estado un rol clave en asegurar una institucionalidad mínima para el cumplimiento de la ley.
Haber eliminado el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) sin una ley, y sin consecuencias, sería reconocer que el Ejecutivo pueda incumplir la ley. Haber revertido, de alguna manera, es un mensaje profundo, pues corregir errores mayores es parte esencial de la política pública.
Ricardo D. Paredes