Intensa ha sido la controversia en torno al Crédito con Aval del Estado (CAE), que la dirigencia estudiantil pareciera identificar como la encarnación de todos los males del sistema educacional chileno. Para conseguir los votos necesarios para aprobar su reforma a la educación superior, el Gobierno se comprometió a eliminar el CAE y ha anunciado que durante el segundo semestre enviará un proyecto sobre financiamiento estudiantil con condiciones generales similares a las de ese instrumento, pero sin intervención de la banca privada. Asimismo, las autoridades han descartado una posible condonación generalizada de los créditos ya utilizados, como lo demanda la dirigencia estudiantil.

Si bien el CAE -desde su implementación hace más de una década- permitió el acceso a la educación superior de muchos estudiantes que por razones económicas no habrían podido hacerlo, también generó con su diseño original un importante endeudamiento para muchas familias. Sin embargo, las modificaciones hechas en 2012, cuando se redujo la tasa de interés de 6 a 2 por ciento, con un techo de pago de no más del 10 por ciento de la remuneración mensual en un plazo máximo de 20 años, significó un alivio para el presupuesto de muchas familias e implicó una baja importante del número de morosos. Recientes investigaciones demuestran que el porcentaje de sus ingresos que deben destinar sus beneficiarios para pagarlo es en promedio de un cuatro por ciento para los universitarios y seis por ciento para los titulados de institutos profesionales y de centros de formación técnica.

En momentos en que ha quedado en evidencia que el país no está en condiciones de extender la gratuidad a mediano plazo, parece necesario perfeccionar un instrumento de las características que tiene el CAE -paralelamente a la oferta de becas-, de manera de establecer un sistema único de financiamiento que apoye en especial a las familias de ingresos medios -que hoy no tienen acceso a una educación gratuita- bajo condicionantes socioeconómicas, de mérito académico y estándares institucionales acreditados. Uno de los puntos más sensibles dice relación con el intento de fijar aranceles de referencia, montos que suelen no corresponder al arancel efectivo, pues no se consideran las particularidades de cada programa e institución, diferencia que termina siendo afrontada tanto por las entidades académicas como por los estudiantes.

La discusión parlamentaria sobre un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior debiera estar marcada no solo por un sentido de realismo en cuanto a la limitación de los recursos fiscales, sino también por la experiencia del CAE, que permitió -particularmente luego de ser sometido a las correcciones conocidas- expandir transversalmente la matrícula.