El último "ranking de pago a las pymes" muestra un aumento en la cantidad de días de atraso en el desembolso a los proveedores medianos y pequeños.

Según el estudio -elaborado por la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y la Bolsa de Productos (BPC)-, el plazo promedio de pago a las pymes pasó de 45,9 a 56 días, comparando este primer trimestre con el último trimestre del año pasado. Pero hay sectores en que el plazo puede extenderse incluso a 90 y 120 días.

Durante años se toleró la práctica de diferir el pago a los proveedores -en especial por parte de las grandes empresas- con el objeto de maximizar el capital de trabajo o de obtener ganancias financieras a corto plazo. Dadas las asimetrías de poder de negociación, los proveedores tuvieron que aceptar esa imposición. Quienes no pudieron sostenerse en esas condiciones se vieron imposibilitados de vender sus productos o servicios, ya que en los distintos mercados los grandes adquirentes se fueron alineando con los mayores plazos de pago.

El problema no solo se ha radicado en las pymes -pese a que para ellas el tema es especialmente sensible por las restricciones de acceso a las fuentes de financiamiento-, sino que también en las empresas grandes. Aún está latente la controversia entre los grandes proveedores y las cadenas de supermercados.

Demorar el pago a los proveedores es una práctica que atenta contra el buen funcionamiento del mercado, y hasta ahora ni la autorregulación ni el liderazgo de los gremios empresariales parecen haber obtenido los resultados buscados. Eso abre espacio al proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso -impulsado por los senadores Zaldívar (DC), Tuma (PPD), De Urresti (PS), Moreira (UDI) y Allamand (RN)- que establece como plazo máximo de pago 60 días corridos (contados desde la fecha en que el deudor haya recibido la factura o la solicitud de pago).

Adicionalmente, hay que tener presente que los proveedores califican al Estado como un muy mal pagador y, en consecuencia, debe ser incluido en cualquier regulación al respecto.

Más allá de la fijación legal de plazos máximos, hay prácticas de transparencia que pueden adoptarse y que tienen valor de cara a ciudadanos y consumidores más vigilantes del quehacer de los agentes económicos. Una de ellas es la obligación de las empresas de informar el promedio de días de pago a los proveedores. Desde el punto de vista de la reputación corporativa, a ninguna empresa le agradaría aparecer como "mala pagadora", desincentivando esa conducta y, por otra parte, premiando a quienes tengan un mejor comportamiento en esta materia.