Porque constituye una apreciable oportunidad para que las instituciones públicas reflexionen sobre sus logros, falencias y desafíos pendientes, a la vez que informen de ellos a la ciudadanía, a fin de facilitarle un juicio informado sobre su actuar y el propósito que lo anima, la cuenta pública de esos organismos ha ido ganando paulatinamente peso y sentido, y podría llegar a convertirse en una tradición republicana de notable importancia y consideración social.

Lo anterior no ha sido excepción en el caso de la cuenta recientemente dada a conocer por el Ministerio Público, donde el fiscal nacional, Jorge Abbott, señaló los logros que exhibe su institución y puntualizó las deficiencias y los retos que deben aún ser acometidos para dotarla de mayor eficacia en la labor persecutoria que ejerce. En este sentido, son bienvenidos varios compromisos, los que se agrupan en tres ejes estratégicos y se abordan en el Plan Institucional Anual, que incluyen la gradual implementación del recién creado Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, una mayor coordinación con las policías, y otras acciones que buscan, por ejemplo, fortalecer la tramitación de causas.

A esto se suman algunas recomendaciones a los legisladores, principalmente la necesidad de contar con un nuevo Código Penal que favorezca una mayor proporcionalidad entre los diferentes tipos de crimen y sus medios de persecución y penas respectivas, lo que dio pábulo al fiscal para referirse específicamente a aquellos ilícitos, más mediáticos, contra el correcto funcionamiento de los mercados y contra la hacienda pública, en los que los fiscales quisieran tener más atribuciones.

Mención aparte mereció la protección de víctimas, uno de los objetivos estratégicos de la Fiscalía Nacional y "centro de nuestra preocupación institucional", como consignó Abbott, pero respecto de la cual se reconoció una enorme deuda. Y aunque se comprometió a una mayor vinculación con las víctimas y la comunidad, se extrañó en la exposición una evaluación más pormenorizada del que fuera el principal foco declarado por Abbott al asumir su cargo, precisamente los delitos comunes que vulneran más gravemente la vida y propiedad de las personas, y donde sí los fiscales tienen todas las atribuciones necesarias. Lo mismo vale para las referencias a los atentados en La Araucanía, en los que hubo más requerimientos hacia el Poder Judicial y el Congreso que una cuenta sobre las posibilidades y los límites que encuentra la labor del Ministerio Público en el complejo cuadro de violencia en esa zona. Es probable que ese mayor detalle -en los delitos comunes- se explicite en las posteriores acciones de difusión de la cuenta pública.